En medio de una profunda crisis vial que aísla a la región, un recorte presupuestal que amenaza con paralizar proyectos vitales y un clamor generalizado de abandono estatal, el Gobierno del Meta ha decidido seguir adelante con la fiesta. La inversión anunciada para el Torneo Internacional del Joropo de este año, superior a los 8 mil millones de pesos, resuena con estridencia frente a la parálisis administrativa que la propia gobernadora admite y las voces de comunidades que exigen soluciones básicas antes que celebraciones. Este artículo pone la lupa sobre una decisión que revela un desconcertante orden de prioridades, cuestionando si el folclor puede y debe ser la respuesta a un departamento agrietado por la negligencia y las promesas incumplidas.
La Fiesta que Cuesta Millones: Un Gasto Bajo la Lupa
El Gobierno del Meta ha justificado la realización del Torneo Internacional del Joropo como un «acto de resistencia cultural y orgullo llanero». Para ello, ha destinado una inversión «superior a los 8 mil millones de pesos» para la edición de este año, que se celebrará entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre de 2025.
Sin embargo, esta defensa cultural choca de frente con una dura realidad económica. A causa del cierre parcial de la vía Bogotá-Villavicencio, gremios hoteleros y comerciantes de la región reportan una ocupación proyectada de apenas el 38%, una cifra alarmantemente baja si se compara con el 100% que se registraba en ediciones anteriores. La drástica reducción en la llegada de visitantes pone en duda el impacto económico real que pueda tener el evento.
Además, el historial reciente no inspira confianza. La 56ª edición dejó lecciones sobre la «improvisación» en la planificación. Un cambio de fecha que eliminó el puente festivo del calendario, sumado a una agenda cuestionada, provocó que el torneo «perdiera parte de su brillo y su alcance», sentando un precedente de gestión que parece repetirse.
El torneo que se volvió festival
Desde el gobierno pasado, el Torneo dejo de ser un gran influyente en la agenda nacional de ferias y fiestas cuando estaba en la cúspide y a la altura de eventos como la Feria de Cali o el mismo carnaval de barranquilla. esto se debe a que el evento principal que es el torneo dejo de tener fuerza tanto en participación como en premiación ya que los recursos se invierten mas en conciertos y artistas de renombre que en la exposición de los mismos nuevos artistas que han buscado el apoyo y se les ha negado o solo los exponen en ferias y fiestas mas pequeñas a cambio de un monto mínimo.
Los mismos artistas manifiestan que el torneo solo es para que canten «los amigos» del mandatario de turno quienes se llevan la plata mientras que a ellos como en 2022 los dejaron en un rincón como si fuere un tomadero mas. a comparación de concursos de música como el Petronio Álvarez que exaltan a los ganadores durante todo el año, haciendo convenios con otros eventos de la región y exponiéndolos en eventos hasta internacionales. o el mismo festival de la bandola en Casanare donde fue inaugurada la edición 57 hace algunos días donde quienes ganan son expuestos en otros eventos gubernamentales. entre otros casos.
La Otra Cara del Meta: Abandono y Desesperanza
Más allá de las tarimas y las luces del festival, el departamento vive una realidad marcada por el olvido estatal y la desesperanza de sus comunidades, con problemas estructurales que se han vuelto crónicos. además de la corrupción y la falta de gestión de la gobernadora que manifiesta que hace pero no se ve.
Las Voces del Olvido
El sentimiento de abandono es un clamor generalizado en los municipios del Meta, un sentir colectivo encapsulado en la frase que titula un reciente reportaje de BluRadio: «El Estado nos ha tenido abandonados». Esta percepción se fundamenta en una lista de necesidades urgentes que los representantes comunitarios exponen sin cesar:
• Falta de inversión e incumplimiento de acuerdos: Proyectos pactados que no se ejecutan y una ausencia general de recursos para el desarrollo local. quedando solo en promesas incumplidas al momento en que las comunidades realizan bloqueos para poder ser escuchados
• Carencia de infraestructura básica: Comunidades enteras sin acceso a acueductos ni a espacios de recreación como polideportivos. los cuales se han prometido durante los cerca de 3 años de gobierno quedando en solo promesas.
• Riesgo de reclutamiento forzado: La falta de oportunidades y espacios seguros para los jóvenes los expone al reclutamiento por parte de grupos armados. además de denuncias por parte de la comunidad la cual al denunciar ante las autoridades al parecer las mismas disidencias son informadas para señalar a quienes toman el riesgo y así mismo presionarlos como en los años de pablo escobar «plata o plomo»
• Un llamado por el desarrollo: La convicción de que «si hubiera más inversión social habría más desarrollo integral y sostenible» es el eje del reclamo de las comunidades. donde se ha evidenciado que en varias ocasiones se han cerrado procesos por adjudicarlos a dedo para luego darlos por desierto ante la falta de ejecución de los mismos y las trabas a quienes pueden realizar el trabajo efectivamente.
La Vía: Una Herida que No Cierra
La carretera Bogotá-Villavicencio se ha convertido en el «símbolo de abandono estatal, improvisación política y tragedia anunciada». Lejos de ser un eje de desarrollo, es catalogada como «un fracaso político» que estrangula la economía de los Llanos Orientales.
Los datos son contundentes: en los últimos diez años, la vía ha sufrido más de 4.000 cierres, generando pérdidas que solo en 2023 superaron los 3 billones de pesos. La protesta masiva de la comunidad de Guayabetal el pasado 29 de septiembre de 2025 no fue un hecho aislado, sino la expresión del «cansancio frente a la improvisación estatal» y la indolencia política ante una crisis que parece no tener fin.
Una Gobernación en la Cuerda Floja
La administración departamental, liderada por Rafaela Cortés, no solo enfrenta la presión de las comunidades y la crisis vial, sino también sus propias limitaciones internas y las sombras de la corrupción heredada.
Esto a que han pasado varios días en que la gobernadora manifestó que iría a solicitar la renuncia de todo su gabinete para reajustar y trabajar el ultimo año efectivamente. quedo como las mismas promesas que le hace a la comunidad en sus alocuciones y profundiza mas el sentir de la comunidad que hay alguien mas arriba que Rafaela Cortes quien manda en la gobernación debido a que sigue pagando «favores políticos».
La Admisión de una Inmovilidad Administrativa
La propia gobernadora Rafaela Cortés ha reconocido la «inmovilidad en la que se encuentra su ejecución». En una mesa de trabajo legislativo, admitió las dificultades de su administración y se unió al llamado de otros gobernadores para que el Gobierno Nacional «libere los recursos por regalías» y así poder avanzar en el cumplimiento de metas. Esta declaración confirma la parálisis que sienten los ciudadanos y que agrava la crisis departamental.
El Fantasma de la Corrupción Heredada
Aunque las denuncias más graves por presunta corrupción corresponden a la administración de su antecesor, Juan Guillermo Zuluaga, la sombra de la mala gestión persiste. A las conocidas irregularidades en el contrato de ExpoMalocas 2023 y la compra de purificadores de agua, se suma otra investigación revelada por la Secretaría de Transparencia sobre cambios que Zuluaga habría realizado al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Villavicencio en 2015, presuntamente para beneficiar terrenos de su propiedad. Figuras clave de ese gobierno, como Luis Carlos Londoño, director del Instituto de Turismo del Meta y responsable del cuestionado contrato de ExpoMalocas, continúan en sus cargos, generando desconfianza sobre un verdadero cambio en las prácticas de contratación.
Un Patrón de Gasto Bajo Sospecha
La cifra destinada al Torneo del Joropo enciende las alarmas no solo por su magnitud, sino por una escalofriante similitud que sugiere un posible modus operandi en el gasto público departamental: la asignación de sumas millonarias a eventos de gran formato, logísticamente complejos y de difícil auditoría, mientras las necesidades estructurales permanecen desatendidas. La coincidencia con el monto del contrato de ExpoMalocas 2023, investigado por presuntos sobrecostos, subraya este preocupante patrón.
Conclusión: ¿Prioridades Invertidas?
El contraste es ineludible: mientras se destinan más de 8 mil millones de pesos a un festival cuyo impacto económico es incierto debido a la crisis vial, las necesidades urgentes del Meta se acumulan. Una carretera colapsada, comunidades sin servicios básicos, una administración que admite estar paralizada y un historial de gastos cuestionados dibujan un panorama de prioridades invertidas.
El llamado de analistas locales por una «mayor sensatez en el gasto público» resuena con fuerza. La celebración de la cultura es vital, pero no a costa de ignorar las emergencias que ahogan a la región. El verdadero desafío no es solo «encender las luces del festival, sino demostrar que cada peso invertido genera valor real para una región que hoy, más que folclor, necesita soluciones».
