Una crisis silenciosa acecha a los fogones del Pacífico colombiano
Casi dos semanas después del fuerte movimiento telúrico que sacudió al suroccidente colombiano, la emergencia humanitaria ha comenzado a dar paso a una crisis económica de proporciones incalculables para el tejido empresarial de la región. Mientras las brigadas de rescate, entre las que destacan los Topos Aztecas llegados desde México, concluyen sus labores de búsqueda y evaluación estructural en Cali y municipios aledaños, el sector gastronómico —motor turístico y empleador masivo en el Valle del Cauca— lanza un salvavidas tributario al Gobierno Nacional y a las administraciones locales para evitar el apagón definitivo de miles de cocinas.
La propuesta, consensuada por gremios como Acodrés Capítulo Valle y la Cámara de Comercio de Cali, no es un simple pedido de subsidios, sino una reestructuración temporal de obligaciones fiscales que, de no atenderse, podría derivar en la pérdida de más de 45.000 empleos directos antes de que finalice el tercer trimestre de 2026.
El golpe invisible: más allá de las grietas en las paredes
El sismo del pasado 8 de agosto, con epicentro en el norte del Cauca y una profundidad que amplificó su destructividad en la cuenca del río Cauca, dejó un saldo oficial de 12 fallecidos y cerca de 300 heridos, pero el daño a la infraestructura hotelera y gastronómica supera los 200 inmuebles con afectaciones estructurales medias y graves, según los primeros censos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Sin embargo, el daño real no se mide solo en fisuras en columnas o fachadas caídas. «El temor sísmico ha paralizado la demanda», explica un vocero gremial que prefirió reserva. «La ocupación hotelera en Cali cayó del 68% al 12% en diez días; los eventos corporativos y bodas —el pan de cada día de los grandes restaurantes— se cancelaron en cascada por cláusulas de fuerza mayor. Tenemos locales intactos pero vacíos, y locales dañados que no pueden abrir ni para generar flujo de caja».
Esta parálisis golpea a un sector que ya arrastraba la resaca de la pandemia y la inflación de insumos de 2023-2024. La cadena de pagos —proveedores de proteínas, lácteos, bebidas, nómina, servicios públicos y arriendos— se ha roto. Sin flujo de efectivo, el pago de la próxima cuota bimestral del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y la vigencia 2026 del Predial Unificado se vuelve matemáticamente imposible para el 70% de los establecimientos formales.
La propuesta técnica: diferimientos, no condonaciones
El documento técnico radicado ante el Ministerio de Hacienda, la DIAN y la Secretaría de Hacienda de Cali plantea una hoja de ruta de tres ejes diseñada para proteger la caja de las empresas sin romper el equilibrio fiscal de los entes territoriales:
1. Diferimiento del ICA bimestral: Solicitud de traslado de los vencimientos de los bimestres julio-agosto y septiembre-octubre 2026 hasta enero-marzo de 2027, sin intereses de mora ni sanciones, condicionado a la presentación de certificación de daño o caída de ingresos superior al 40% ante la Cámara de Comercio.
2. Descuento en Predial Unificado: Aplicación del artículo 336 del Estatuto Tributario (descuento por calamidad doméstica) de oficio para los inmuebles con dictamen de inhabitabilidad o daño estructural mayor, extendiendo el beneficio a los locales arrendados donde operan los restaurantes, no solo a los propietarios de la raíz.
3. IVA y Renta: mecanismo de «Factura de Cambio»: Permitir el uso de saldos a favor en IVA para compensar deudas de Renta e ICA, y agilizar la devolución de saldos a favor pendientes desde 2024, inyectando liquidez inmediata sin nuevo endeudamiento.
El antecedente de 1999 y el fantasma de la informalidad
El Valle del Cauca tiene memoria sísmica. El terremoto de Armenia en 1999 —que afectó severamente al norte del departamento— enseñó que la reconstrucción física sin reactivación económica condena a las ciudades a décadas de estancamiento. En aquella ocasión, la falta de alivios oportunos empujó al 30% de los microempresarios del sector servicios a la informalidad o al cierre definitivo.
«No pedimos caridad, pedimos oxígeno para no despedir a la gente que nos acompañó en la pandemia», señala un chef propietario de un tradicional establecimiento en el barrio Granada de Cali, cuya cocina sufrió daños en la red de gas y extracción. «Si quiebra el restaurante, quiebra el proveedor de pollo, el de verduras, el licorero, el de lino. El efecto dominó es brutal en una economía de servicios como la nuestra».
Panorama futuro: la carrera contra el reloj legislativo
La pelota está ahora en el Congreso de la República y en el Ministerio de Hacienda. Se espera que en las próximas 48 horas se radique un proyecto de ley de emergencia económica específico para la zona de desastre, que incluya estas medidas tributarias y líneas de crédito blandas a través de Bancoldex y el Fondo Nacional del Garantías (FNG) con tasas de interés reales cercanas al 0% y periodos de gracia de 18 meses.
Mientras la burocracia avanza, en las calles de Cali, Palmira, Buga y Cartago, los dueños de restaurantes hacen malabares: venden combos familiares a precio de costo para mover inventario perecedero, negocian quitas con arrendadores y recurren a anticipos de nómina con fintechs a tasas usureras. La solidaridad de los Topos Aztecas y los bomberos colombianos salvó vidas; ahora, la respuesta fiscal debe salvar los medios de vida. El próximo vencimiento tributario mayor es el 22 de agosto. El reloj corre.
