Ante un juez de control de garantías una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Huila imputó cargos en contra del diputado del departamento del Huila Wilfred Trujillo Trujillo y del contratista Oleider Gracia Vargas, por su presunta responsabilidad en la venta irregular de un lote en zona rural de Pitalito (Huila).
Los hechos investigados ocurrieron entre octubre y diciembre de 2016, y están relacionados con la venta de un bien inmueble ubicado en la vereda La Esmeralda del corregimiento de Bruselas (Pitalito), que al parecer sería destinado para la construcción de la sede principal de una institución educativa en ese municipio.
Trujillo Trujillo, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como concejal de Pitalito y no podía contratar directamente con la administración municipal, se habría valido del señor Gracia Vargas para vender ese bien inmueble a la alcaldía de Pitalito.
Según la investigación, al parecer se acordó que el predio figurara a nombre de un tercero para que el contratista Gracia Vargas pudiera negociarlo.
Asimismo, los hoy procesados habrían inducido al error al alcalde de entonces de Pitalito para que la alcaldía emitiera la resolución 987 del 28 de diciembre de 2016, por medio de la cual se justificó la contratación directa para adquirir a título de compraventa el bien inmueble ofertado por Oleider Gracia Vargas.
Así como también el contrato estatal 422 de 2016, cuyo objeto era la adquisición a título de compraventa de un bien inmueble destinado para la sede de la institución educativa.
La Fiscalía les imputó el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y fraude procesal. Dichos cargos no fueron aceptados por ninguno de los dos investigados.
Esta información se publica por razones de interés general
WAGG/LMFO/CFG/AIV/JCFJ/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
