Desde la posesión de la administración Petro en agosto de 2022, la vicepresidenta Francia Márquez ha sostenido un coro constante de alertas sobre la crítica situación de seguridad en las regiones del Pacífico colombiano, el Catatumbo y las zonas de reserva campesina del sur del país, territorios históricamente abandonados por el Estado y actualmente asediados por la presencia de grupos armados organizados transnacionales, remanentes de las Autodefensas Unidas de Colombia y disidencias de las FARC. Las solicitudes de Márquez, que incluyen reforzamiento de presencia militar con enfoque de derechos humanos, inversión social simultánea y protección específica para líderes sociales, comunidades afrocolombianas e indígenas, no son nuevas: como ella misma lo afirmó recientemente, ha presentado estos pedidos de manera presencial en reuniones con el alto mando militar, el Ministerio de Defensa y la Presidencia, además de emitir reiterados comunicados oficiales desde 2022 que han sido ignorados o atendidos de manera fragmentada por las entidades competentes. Esta reiteración evidencia una brecha profunda entre la política pública anunciada por el gobierno nacional y la realidad territorial, donde la violencia sigue cobrando vidas de líderes comunitarios, desplazando a miles de familias y alimentando un clima de zozobra que impide cualquier proceso de desarrollo local o implementación de los acuerdos de paz.
Las causas detrás de la reiteración de estos pedidos por parte de la vicepresidenta radican en la inoperancia de las políticas de seguridad convencionales que siguen priorizando la presencia militar sin acompañamiento social, lo que ha permitido que grupos como el Clan del Golfo expandan su control territorial, impongan pax mafiosa y recurren a la violencia selectiva contra quienes defienden los derechos humanos. A nivel nacional, este escenario evidencia la falta de articulación entre el Ministerio de Defensa y las carteras de Igualdad y Derechos Sociales, lideradas por Márquez, pues las solicitudes de reforzar la seguridad con enfoque diferencial han chocado con resistencias institucionales y visiones militaristas que ignoran las particularidades de los territorios donde la presencia estatal ha sido simbólica durante décadas. Las consecuencias de esta demora en atender los pedidos son tangibles: según datos de la ONG Indepaz, en lo que va de 2024 han sido asesinados 89 líderes sociales en Colombia, el 60% de ellos en las regiones que Márquez ha señalado en sus comunicados, mientras que el desplazamiento forzado en el Chocó y el Catatumbo ha aumentado un 35% comparado con 2022, lo que no solo profundiza la crisis humanitaria, sino que también socava la legitimidad del gobierno nacional ante las comunidades que votaron por la promesa de paz y territorio del actual mandatario.
A nivel nacional, la persistencia de Márquez en este tema no es solo una cuestión de gestión pública, sino un posicionamiento político que refuerza su rol como vocera de los sectores históricamente excluidos, frente a una opinión pública que cada vez más cuestiona la eficacia de la «Paz Total» del presidente Petro. Las consecuencias futuras de no atender estos pedidos de reforzamiento de seguridad con enfoque diferencial podrían incluir el colapso de la implementación de los Acuerdos de Paz en los territorios más afectados, el fortalecimiento de las estructuras criminales que financian su accionar con minería ilegal y narcotráfico, y un aumento de la migración interna que saturará las ciudades principales del país. Además, este escenario genera tensiones dentro de la coalición de gobierno, pues sectores de la bancada de izquierda exigen que se cumplan los compromisos de campaña, mientras que la oposición aprovecha la crisis para cuestionar la capacidad de gobernanza de la vicepresidenta y del presidente. La reiteración de estos pedidos desde 2022, como lo afirmó Márquez, deja claro que no se trata de una crítica circunstancial, sino de una alerta sostenida sobre un problema estructural que requiere una respuesta integral, no solo militar, sino también social, que hasta ahora no ha llegado a los territorios que más lo necesitan.
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