El hueco fiscal de 1,5 billones y la incertidumbre en la Costa Caribe
El Gobierno Nacional confirmó este lunes que requiere desembolsar 1,5 billones de pesos para estabilizar la operación de Air-e, la empresa que atiende la demanda energética de Atlántico, Magdalena y La Guajira, tras advertir que la actual estructura tarifaria y los atrasos en el pago de subsidios han llevado a la compañía intervenida al borde de la insolvencia técnica. El anuncio, realizado en medio de una creciente presión gremial y social, busca cerrar una brecha financiera que, según la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, pone en riesgo la continuidad del servicio para más de 2,5 millones de usuarios en la región Caribe.
La Ministra de Minas y Energía, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, presentó un paquete de «alivios económicos» que combina recursos del Presupuesto General de la Nación, mecanismos de endeudamiento a bajo costo a través de Findeter y una reestructuración de la deuda de opción tarifaria. Sin embargo, la incertidumbre persiste: la cartera de Hacienda aún no ha radicado el proyecto de ley de adición presupuestal necesario para legalizar la inyección de capital fresco antes de que finalice el tercer trimestre de 2026.
Antecedentes: La intervención de Air-e y el origen del déficit estructural
La crisis actual no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una acumulación de decisiones regulatorias y coyunturas macroeconómicas adversas. En noviembre de 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) tomó el control de la empresa tras detectar un deterioro patrimonial crítico, heredado de la antigua Electricaribe y agravado por la incapacidad de Air-e para cubrir sus obligaciones de compra de energía en la bolsa y el mantenimiento de redes.
Durante 2025, la intervención logró estabilizar técnicamente la operación —reduciendo pérdidas técnicas y no técnicas del 32% al 26%—, pero el desbalance financiero se profundizó. La fórmula tarifaria vigente, congelada parcialmente por el Gobierno para mitigar la inflación, no reconoció la totalidad de los costos de generación, transmisión y distribución. A esto se sumó el retraso sistemático en el giro de los recursos de la Contribución de Normalización del Servicio de Energía Eléctrica y los subsidios a usuarios estratos 1, 2 y 3, generando un flujo de caja negativo sostenido que hoy exige el billonario rescate.
Los «alivios económicos» anunciados: ¿De dónde saldrán los recursos?
El paquete presentado por el Ejecutivo se estructura en tres pilares fundamentales. Primero, una asignación directa de 800.000 millones de pesos vía adición presupuestal, destinados al pago inmediato de obligaciones con generadores (XM) y transportadores (ISA, Promigas), evitando así un racionamiento programado por impago en la bolsa energética.
Segundo, la activación de una línea de crédito blando por 400.000 millones de pesos con Findeter, respaldada por la Nación, para financiar un plan agresivo de reposición de redes, transformadores y medidores inteligentes en los circuitos más críticos de Barranquilla, Soledad, Santa Marta y Riohacha. Tercero, una reprogramación de la deuda de opción tarifaria —estimada en 300.000 millones adicionales— extendiendo su plazo de pago a 10 años con periodo de gracia de dos, lo que alivia la caja inmediata pero traslada la carga a las tarifas futuras.
La alerta de la Liga de Usuarios: «La plata no alcanza y la calidad no mejora»
Pese al anuncio oficial, la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe emitió un comunicado severo advirtiendo que los recursos prometidos son «insuficientes y tardíos». Según sus cálculos técnicos, el hueco real de caja para lo que resta de 2026 y 2027 supera los 2,2 billones de pesos si se incluyen las inversiones obligatorias en modernización de la red que el plan de intervención exige.
«El Gobierno está poniendo curitas a una herida que requiere cirugía mayor», declaró el vocero de la Liga. La organización denunció que, mientras se discuten los alivios, los usuarios siguen enfrentando fluctuaciones de voltaje, apagones prolongados en zonas rurales y un servicio al cliente deficiente. Exigieron, además, una auditoría forense independiente a los estados financieros de Air-e Intervenida para verificar la destinación de los recursos girados durante 2025, argumentando que la opacidad administrativa ha sido una constante en la intervención.
Impacto diferencial en Atlántico, Magdalena y La Guajira
La situación genera externalidades negativas asimétricas en los tres departamentos. En el Atlántico, el tejido industrial y portuario de Barranquilla y Cartagena (zona de influencia indirecta) reporta pérdidas millonarias por paradas no programadas en plantas de procesamiento y cadena de frío. La ANDI seccional Caribe estimó en 400.000 millones de pesos las pérdidas del sector productivo solo en el primer semestre de 2026 por problemas de calidad de energía.
En el Magdalena, la crisis golpea con mayor dureza a la zona bananera y al turismo en Santa Marta, donde la inestabilidad del voltaje afecta la operación hotelera y la bomba de acuédulo. En La Guajira, la situación es crítica: la dependencia de la generación térmica a diésel en el norte del departamento, sumada a la falta de interconexión robusta con el SIN (Sistema Interconectado Nacional), hace que cualquier retraso en el giro de subsidios se traduzca en apagones inmediatos de 8 a 12 horas diarias en municipios como Uribia o Manaure.
Panorama futuro: La ruta hacia la licitación o la liquidación
El horizonte a mediano plazo define dos escenarios posibles. El Plan A del Gobierno consiste en sanear el balance de Air-e Intervenida durante los próximos 18 meses para lanzar una nueva licitación pública internacional a finales de 2027, buscando un operador privado con respaldo financiero probado —posiblemente consorcios de utilities extranjeras— que asuma la concesión por 20 años.
El Plan B, reservado como última ratio, contempla la liquidación ordenada de los activos de la concesión y la fragmentación del mercado en tres empresas regionales más pequeñas, administradas temporalmente por empresas públicas locales (como Triple A en Barranquilla o Essmar en Santa Marta) mientras se estructuran nuevas concesiones. Este escenario, aunque politicamente costoso, gana adeptos en el Congreso y en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) por la dificultad de encontrar un solo postor dispuesto a asumir el pasivo ambiental, laboral y financiero heredado.
Mientras el Congreso debate la adición presupuestal y la CREG ajusta la metodología tarifaria para 2027, la operatividad diaria de Air-e pende de un hilo financiero. La próxima semana vence un pago crítico de 250.000 millones a generadores; si los recursos del Gobierno no se materializan antes del 30 de agosto, el riesgo de un evento de default cruzado que active cláusulas de corte de suministro en la bolsa energética se volverá una probabilidad alta, llevando la crisis de lo fiscal a lo operativo en cuestión de días.
