Tras días de intensa controversia nacional y una avalancha de críticas de usuarios y pequeños comerciantes, el Ministerio de Hacienda confirmó que la medida, incluida en un borrador de decreto, no se implementará.
El Gobierno Nacional puso punto final, este viernes, a la tormenta que desató su propuesta de cobrar una retención del 1,5% por los pagos hechos a través de plataformas digitales como Nequi, Daviplata, dale! o Bre-B. Tras el revuelo, el Ministerio de Hacienda confirmó lo que miles de colombianos exigían: el cobro no va.
La medida estaba incluida en un borrador de decreto que, según el ministerio, buscaba “nivelar las reglas” entre las transacciones electrónicas y los medios tradicionales. Sin embargo, la propuesta generó el efecto contrario: una ola de indignación entre los usuarios particulares y, sobre todo, los pequeños comerciantes que dependen de estas aplicaciones para sobrevivir en la economía digital.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fue el primer termómetro del descontento. La entidad confirmó haber recibido una «avalancha» de comentarios y observaciones ciudadanas, donde la mayoría calificaba la propuesta como injusta y regresiva.
El eco de las redes sociales y la presión mediática no se hicieron esperar, convirtiendo el «ajuste tributario» en el tema de la semana. El reclamo generalizado fue que la medida representaba un golpe directo al bolsillo de las clases populares y un desincentivo a la bancarización digital que tanto se ha promovido en el país.
Ante la presión, el Ejecutivo tuvo que retroceder. «No se va a aplicar ningún porcentaje de retención a esos pagos. La tarifa será del 0%«, anunció finalmente el ministro de Hacienda, poniendo fin a días de incertidumbre.
Con esta decisión, el Gobierno busca calmar los ánimos y reafirmar que su objetivo (según dicen) sigue siendo incentivar el uso de medios digitales y no castigarlo.
Sin embargo, más allá del alivio para millones de usuarios, el episodio deja al descubierto el pulso permanente que existe entre el afán recaudador del Estado y la paciencia de los ciudadanos, quienes cada vez desconfían más de cualquier «decretico» fiscal que amenace su economía diaria.
