Un crimen que estremece al establecimiento político del oriente colombiano
La noche de este sábado 26 de octubre se tiñó de luto para la clase política de Norte de Santander. Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y figura visible en la carrera por la Alcaldía de la capital nortesantandereana, fue asesinado a tiros mientras se desplazaba por una de las vías principales que comunican a la ciudad con su área metropolitana. El hecho, ocurrido alrededor de las 8:30 p.m. en el sector conocido como La Y, frente al peaje de Los Acacios, ha desatado una ola de rechazo unánime y encendido las alarmas sobre la seguridad de los líderes políticos en una región históricamente golpeada por la violencia.
Según los primeros reportes oficiales entregados por la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), Castellanos se movilizaba en una camioneta Toyota Prado de color gris, placa terminada en 487, cuando fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta de alto cilindraje. Los sicarios, sin mediar palabra, abrieron fuego de manera indiscriminada contra el vehículo, impactando al exfuncionario en al menos seis ocasiones en la zona torácica y craneal. La víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica Erasmo Meoz, donde los galenos confirmaron su deceso a las 9:15 p.m. tras infructuosos intentos de reanimación.
Trayectoria de un político que apostaba por la transformación territorial
Miguel Ángel Castellanos Bautista, de 52 años, no era un improvisado en la arena pública. Abogado de la Universidad Libre seccional Cúcuta, con especialización en Derecho Administrativo y Gerencia Pública, construyó una carrera de más de dos décadas en la administración municipal y departamental. Fue personero delegado, secretario de Tránsito y Transporte durante la administración de César Rojas Ayala (2012-2015), y alcanzó su mayor visibilidad política como secretario de Gobierno de la Alcaldía de Cúcuta entre 2020 y 2023, bajo el mandato de Jairo Yáñez.
En ese cargo, Castellanos fue el rostro visible de la negociación con los gremios del transporte público durante el paro de 2021, lideró la estrategia de seguridad ciudadana ‘Cúcuta Segura’ y articuló la respuesta institucional frente a la crisis migratoria en la frontera con Venezuela. Su gestión, sin embargo, no estuvo exenta de controversias: fue blanco de duras críticas por el manejo del espacio público y los operativos de control informal, lo que le valió más de una denuncia ante la Procuraduría, todas archivadas por falta de mérito.
Desde enero de 2024, tras renunciar a su cargo para cumplir con la ley de garantías electorales, Castellanos venía consolidando su proyecto ‘Cúcuta Primero’, una coalición de centro-derecha que agrupaba a sectores del Partido de la U, Cambio Radical y firmas ciudadanas. Las encuestas internas lo ubicaban como segundo en intención de voto, apenas por detrás del actual concejal y precandidato del Pacto Histórico, con un 28% de favorabilidad. Su discurso combinaba mano dura contra la delincuencia común, reactivación económica fronteriza y una promesa de ‘cero corrupción’ en la contratación municipal.
El contexto de violencia que rodea a la frontera
El asesinato de Castellanos no es un hecho aislado. Norte de Santander registra, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 14 homicidios de líderes sociales y políticos en lo que va de 2026, la cifra más alta desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016. La región es disputa territorial entre el ELN, las disidencias de las FARC (Frente 33 y Frente 1), el Clan del Golfo y estructuras locales como ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Pelusos’, que se disputan el control del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando de combustible y las rentas del microtráfico en los barrios populares de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y Tibú.
Fuentes de inteligencia militar consultadas por este medio señalan que Castellanos había denunciado en privado, ante la Fiscalía y la UNP (Unidad Nacional de Protección), amenazas directas contra su vida desde marzo pasado, presuntamente originadas en su negativa a avalar contratos de recolección de basuras y alumbrado público vinculados a estructuras criminales. Sin embargo, su esquema de protección se limitaba a un escolta y un vehículo blindado nivel III, medidas que resultaron insuficientes frente al poder de fuego empleado en el atentado: vainillas calibre 9 mm y 5.56 mm halladas en la escena del crimen sugieren el uso de pistola y fusil, armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Reacciones institucionales y exigencia de justicia
El presidente de la República, desde su cuenta oficial en X, calificó el crimen como «un golpe a la democracia y a la construcción de paz en los territorios» y ordenó al ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional desplegar una «investigación exhaustiva e inmediata». El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, decretó tres días de duelo departamental y ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita capturar a los autores materiales e intelectuales.
La Fiscalía General de la Nación, por su parte, designó a un fiscal especializado de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos para asumir la investigación. En las próximas horas se espera la práctica de la inspección técnica al cadáver, el análisis de las cámaras de seguridad del peaje y comercios aledaños, y la interceptación de comunicaciones de los números telefónicos asociados a la víctima en los últimos 30 días.
El vacío de poder y la incertidumbre electoral
La muerte de Castellanos deja un vacío difícil de llenar en el espectro político local. Su movimiento ‘Cúcuta Primero’ deberá decidir en los próximos días si nombra un reemplazo en la fórmula o se suma a otra candidatura, lo que reconfigura el tablero electoral a menos de ocho meses de los comicios de octubre de 2027. Analistas políticos consultados coinciden en que el crimen podría tener un efecto doble: por un lado, intimidar a otros precandidatos y líderes comunales; por otro, movilizar el voto de castigo contra las estructuras armadas y sus presuntos aliados políticos.
Mientras tanto, en los barrios populares de la comuna 6, donde Castellanos tenía su base electoral más sólida, vecinos y líderes comunales improvisaron una velatón frente a su antigua residencia. «Don Miguel era de los pocos que venía, escuchaba y respondía. No se escondía detrás de un escritorio», lamentaba María Eugenia Pérez, presidenta de la JAC del barrio La Libertad. Ese contacto directo con la base, paradójicamente, pudo haberlo convertido en un blanco más visible para quienes ven en la política legítima un obstáculo para sus intereses ilegales.
Panorama futuro: la prueba de fuego para el Estado
El esclarecimiento de este magnicidio —pues así lo califican juristas al tratarse de un exfuncionario de alto nivel y candidato en firme— será la prueba de fuego para la capacidad del Estado de garantizar justicia en una región donde la impunidad en delitos contra líderes supera el 92%, según la Defensoría del Pueblo. La ciudadanía cucuteña, cansada de la violencia, exige no solo la captura de los gatilleros, sino la identificación y judicialización de los determinadores, sean estos actores armados, corruptos locales o una combinación de ambos. La historia reciente de Norte de Santander está plagada de casos archivados por falta de pruebas; el de Miguel Castellanos no puede engrosar esa lista.
