Investgación oficial sobre el nuevo plan de servicios públicos
La Procuraduría General de la Nación ha anunciado una investigación administrativa sobre la iniciativa impulsada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, para constituir una empresa municipal de servicios públicos. El proyecto, que forma parte del reciente Plan de Ordenamiento Territorial (POT), busca reestructurar la prestación de agua, alcantarillado y aseo en la ciudad. La investigación se centra en las condiciones de legalidad y conveniencia económica de la nueva entidad, especialmente tras las señales de desacuerdo emitidas por Acuacar, la corporación que actualmente administra estos servicios en la región.
El POT, aprobado hace más de veinte años, es considerado el instrumento de planificación urbana más ambicioso de Cartagena desde la última remodelación de los años noventa. El nuevo plan no solo redefine la distribución territorial, sino que también introduce cambios estructurales en la gestión de infraestructuras básicas. La creación de una empresa de servicios públicos propios se presenta como un paso clave para materializar la visión del alcalde Turbay de una Cartagena más autónoma y eficiente en materia de saneamiento.
El proyecto del alcalde frente al modelo actual de Acuacar
Acuacar, una empresa de economía mixta dependiente del gobierno departamental, ha gestionado tradicionalmente los servicios de agua y saneamiento básico en el área metropolitana de Cartagena. La propuesta de la Alcaldía busca transferir estas competencias a una entidad de control completamente municipal, argumentando que ello permitiría una mayor adaptación a las necesidades locales y un mejor control sobre las tarifas. Sin embargo, Acuacar ha expresado su inquietud por lo que considera una posible duplicidad de funciones y ha advertido que cualquier transferencia debe contar con garantías financieras y operativas sólidas.
Las tensiones se intensificaron después de que la Procuraduría solicitara documentos relativos al contrato social, el plan de inversiones y el esquema tarifario propuesto. Fuentes cercanas al proceso indican que la investigación tiene como objetivo garantizar que la nueva empresa no comprometa la continuidad del servicio ni genere sobrecostos para los usuarios. Además, se examinarán los precedentes legales de reformas similares en otras ciudades colombianas, donde la municipalización de los servicios de agua ha generado debates sobre sostenibilidad y eficiencia.
Consecuencias políticas y legales
El pulso entre la Alcaldía y Acuacar trasciende el ámbito técnico y se ha convertido en un tema político de relevancia regional. Diversos concejales de Cartagena han respaldado la iniciativa del alcalde Turbay, viendo en ella una oportunidad para reducir la dependencia de entidades externas y fortalecer la autonomía municipal. Por otro lado, sectores de la oposición alertan sobre posibles riesgos de politicización de los servicios públicos y piden mayor participación ciudadana en la definición del modelo.
Desde el punto de vista legal, la investigación de la Procuraduría puede derivar en medidas preventivas que retrasen la puesta en marcha de la nueva empresa si se detectan irregularidades. Asimismo, la eventual aprobación del proyecto requerirá de la revisión del Concejo Municipal, que deberá emitir una ordenanza que habilite la constitución de la entidad. El proceso podría prolongarse durante varios meses, período en el cual los usuarios de los servicios seguirán bajo la administración de Acuacar.
Panorama futuro y próximas etapas
El futuro de la empresa de servicios públicos dependerá del resultado de la investigación, de la capacidad de negociación entre las partes y de la decisión final del Concejo de Cartagena. Si el proyecto avanza, se espera que la nueva entidad inicie operaciones en un plazo no inferior a dieciocho meses, tiempo necesario para estructurar su capital, implementar procesos operativos y garantizar la transferencia de infraestructura.
Mientras tanto, la opinión pública cartagenera sigue de cerca los desarrollos, conscientes de que el modelo que finalmente se adopte definirá la calidad y el costo del agua y el saneamiento para las próximas décadas. El caso también será observado con atención por otras ciudades colombianas que evalúan reformas similares en el sector de los servicios públicos, lo que subraya la importancia de un proceso transparente y técnicamente sólido.
