Acuerdo histórico tras semanas de tensiones en el principal puerto del Pacífico
Tras intensas negociaciones entre el Gobierno nacional, la Gobernación del Valle del Cauca y los gremios del sector logístico, se concretó la suspensión inmediata del cobro polémico que gravaba al transporte de carga para operaciones de importación y exportación a través del puerto de Buenaventura. La medida, que había generado rechazo unánime entre transportadores, exportadores e importadores, representaba un sobrecosto estimado entre el 12% y el 15% sobre las tarifas habituales de flete, amenazando la competitividad de la principal terminal marítima de Colombia sobre el océano Pacífico.
El anuncio fue confirmado en las últimas horas por la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien lideró las mesas de diálogo técnico junto al Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y representantes de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. La mandataria departamental calificó el acuerdo como «un triunfo de la concertación y la defensa de la economía regional», subrayando que la tarifa cuestionada carecía de sustento jurídico claro y había sido implementada de manera unilateral por la concesionaria vial.
Origen de la controversia: un peaje encubierto en la vía al mar
El cobro suspendido tenía su origen en la Resolución 045 de 2024, emitida por la ANI, que autorizaba a la concesionaria Vías del Pacífico la recolección de un «cargo por uso de infraestructura logística» en el corredor Buenaventura-Loboguerrero. Según el pliego de condiciones original de la concesión, firmado en 2015, la tarifa vial debía cubrir exclusivamente el mantenimiento y operación de la doble calzada. Sin embargo, la nueva disposición pretendía internalizar costos de ampliación de capacidad portuaria y dragado de acceso, conceptos que —según los gremios— corresponden a la Nación y a la autoridad portuaria, no a los usuarios de la carretera.
Transportadores de carga pesada denunciaron que el cobro se aplicaba en el peaje de Loboguerrero de forma indistinta: tanto a vehículos que se dirigían al puerto como a los que solo transitaban la vía hacia el interior del país. «Era un peaje encubierto, discriminatorio y doble tributación», afirmó el presidente de la Asociación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar), quien estimó que el recaudo mensual irregular superaba los 3.200 millones de pesos.
Impacto económico y paro sectorial frustrado
La imposición del cargo coincidió con la temporada alta de exportaciones de café, azúcar, banano y flores del Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Según cifras de la Cámara de Comercio de Cali, por Buenaventura se moviliza el 42% del comercio exterior no minero-energético del país, con un valor anual superior a los 11.000 millones de dólares. La Cámara de Comercio Exterior (Analdex) advirtió que, de mantenerse la medida, se habría producido un desvío de carga hacia puertos panameños y ecuatorianos, con pérdidas fiscales estimadas en 180.000 millones de pesos al año solo en derechos de importación e IVA.
La tensión escaló hasta el punto de que los sindicatos de conductores y las empresas transportadoras convocaron a un paro nacional indefinido a partir del 20 de octubre, con bloqueos anunciados en los accesos a Buenaventura, Buga y Yumbo. La perspectiva de un colapso logístico forzó la instalación de una mesa de crisis en el Ministerio de Transporte el pasado lunes, donde se acordó la suspensión provisional mientras se surte un estudio tarifario independiente a cargo de la Universidad Nacional.
Compromisos institucionales y hoja de ruta
El acta de compromiso suscrita este viernes establece tres puntos críticos: primero, la suspensión inmediata del cobro y la devolución de los dineros recolectados desde su entrada en vigencia el 1 de agosto; segundo, la contratación de una auditoría técnica, financiera y jurídica a cargo de la Contraloría Delegada para el Sector Transporte, con resultados en 90 días; y tercero, la reestructuración del esquema tarifario de la concesión Vías del Pacífico bajo el principio de «usuario pagador», separando claramente los costos viales de los portuarios.
El Ministerio de Hacienda se comprometió a presentar, antes del 30 de noviembre, un proyecto de decreto que regule los cargos portuarios y evite que las concesiones viales asuman funciones de recaudo ajeno a su objeto contractual. Paralelamente, la Gobernación del Valle gestionará recursos del Sistema General de Regalías para financiar el dragado de mantenimiento del canal de acceso, eliminando así la excusa financiera que motivó el cobro irregular.
Reacciones y panorama futuro
Los gremios exportadores celebraron la decisión pero pidieron garantías de no repetición. «No basta con suspender; se requiere blindaje jurídico para que ninguna resolución administrativa pueda restablecer cobros ajenos a la naturaleza vial», señaló la directora ejecutiva de Asoexport. Por su parte, la concesionaria Vías del Pacífico emitió un comunicado en el que acata la suspensión pero reserva sus derechos contractuales, advirtiendo que podría acudir a tribunales de arbitramento si la reestructuración tarifaria afecta el equilibrio económico del contrato.
En el plano político, la gestión de la gobernadora Toro fortalece su posicionamiento como articuladora de intereses regionales frente al Gobierno central. Analistas consultados coinciden en que el episodio reabre el debate sobre el modelo de concesiones viales de cuarta generación (4G), donde la integración vial-portuaria sigue pendiente de una regulación clara que evite la traslación de riesgos y costos a los usuarios finales. La próxima cita clave será la audiencia pública de la ANI programada para el 15 de noviembre, donde se discutirá el nuevo esquema tarifario que regirá, al menos, hasta el vencimiento de la concesión en 2038.
