Golpe militar contra la «Segunda Marquetalia» en el Cauca
El gobierno de Abelardo De La Espriella dio a conocer un nuevo operativo de inteligencia y fuerza que, según el Ejército Nacional, permitió destruir cinco laboratorios de producción de coca en el municipio de Piamonte, Cauca. La acción se enmarca en la ofensiva estatal contra la estructura criminal conocida como la «Segunda Marquetalia», una organización ligada al narcotráfico, la extorsión, el control territorial y la delincuencia organizada en el suroccidente colombiano. El operativo incide de manera directa en los corredores financieros y productivos que habían consolidado grupos armados y bandas ilegales en esa región.
De acuerdo con el balance oficial, el accionar militar se concentró en predios donde operaban instalaciones destinadas al procesamiento de precursores y droga. La destrucción de estos laboratorios busca interrumpir la cadena productiva del narcotráfico antes de que los cargamentos sean trasladados hacia rutas regionales e internacionales. Además, se interpreta como un mensaje para reducir la capacidad de financiación de facciones que protagonizan disputas por el control de zonas de Sierra Nevada y La Panyana, donde históricamente han coexistido el narcotráfico, el reclutamiento forzado y la violencia contra la población civil.
Antecedentes de la «Segunda Marquetalia» y su expansión
La denominación de «Segunda Marquetalia» remite a la reaparición, en los últimos años, de estructuras criminales que operan con lógica territorial y aprovechan vacíos institucionales para imponer reglas propias en el Cauca y el sur del Valle del Cauca. Si bien su nombre evoca a los anteriores grupos narco del Eje Cafetero, la nueva dinámica se caracteriza por mayor fragmentación, uso de milicias, posibles vínculos con estructuras del ELN y con el Clan del Golfo, y una fuerte infiltración en economías ilícitas como la siembra de coca, la minería ilegal y el contrabando.
En Piamonte y municipios aledaños, el Estado ha reportado en los últimos meses una presencia sostenida de estos actores, con episodios de masacres, desplazamientos, atentados contra la fuerza pública y criminalización de la oposición política. El control del territorio permite a las organizaciones no solo sembrar y procesar coca, sino también cobrar por el tránsito de cargamentos, imponer prohibiciones y lavar recursos a través de negocios formales. Por eso, la eliminación de laboratorios no es únicamente un hecho de seguridad; también representa un intento por debilitar su economía de guerra.
El papel de alias Robinson y el impacto del operativo
La información oficial asocia el operativo con la presión contra alias Robinson, señalado como uno de los cabecillas de la «Segunda Marquetalia». Una afectación a la cúpula operativa de la banda, junto con la destrucción de infraestructura ilegal, puede alterar la coordinación criminal y forzar la reorganización de sus rutas de producción y transporte. No obstante, mientras persistan los incentivos del mercado internacional y los vacíos de presencia institucional, estas estructuras tienden a reaparecer con nuevas cúpulas y nuevos puntos de operación.
La destrucción de cinco laboratorios en una misma zona sugiere que las fuerzas armadas identificaron un nodo estratégico dentro de la cadena criminal. Este tipo de acciones puede reducir de forma temporal la oferta de droga y dificultar el abastecimiento de mercados, pero exige seguimiento con control de cultivos, interdicción de rutas aéreas y fluviales, y acciones de remediación para las comunidades afectadas.
Consecuencias directas y panorama futuro
En el corto plazo, el golpe podría generar mayor presión de las bandas sobre la población civil, especialmente si intensifican ataques de retaliación o intentan trasladar sus operaciones a sectores con menor presencia estatal. Para el Gobierno, el reto es convertir el resultado militar en una reducción sostenida de la violencia, fortaleciendo la justicia, la protección de denunciantes y los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. De lo contrario, el riesgo es que el territorio vuelva a caer en manos de facciones que consideran la coca como su principal activo.
El incidente de Piamonte también abre una ventana para reactivar el debate sobre la gobernanza del suroccidente: se necesita una estrategia combinada que integre seguridad, derechos humanos, política criminal y reconstrucción institucional. La «Segunda Marquetalia» no puede detenerse solo con operativos puntuales; requiere un Estado que restablezca el mando en zonas donde la impunidad ha sido explotada durante décadas.
Las autoridades hablan de operativos continuos y de la intención de seguir afectando a la «Segunda Marquetalia» en puntos críticos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Para medir el éxito de la ofensiva, no bastará con el número de laboratorios destruidos: habrá que observar si disminuyen las masacres, el desplazamiento forzado, los cultivos de coca y la presencia de minas antipersona. Mientras tanto, el anuncio de Piamonte deja un mensaje claro: el Estado pretende recuperar territorios clave en una de las zonas más conflictivas del país.
