En Carmen de Apicalá, Tolima, el asesinato de dos adolescentes de 15 años desató una fuerte confrontación entre la familia de una de las víctimas y la administración local. El ataque occurred la noche del jueves 19 de noviembre, hacia las 9:35 p. m., en el barrio Arenitas, a la entrada del municipio. Juan Esteban Meneses y Freddy Santiago Barrios Mayorga, este último hijo del concejal Fredy Barrios, compartían en la vía pública junto a un tercer menor. Según el coronel Ferney Martín Romero, comandante de la Policía del Tolima, hombres en motocicleta abordaron al grupo, dispararon repetidamente y escaparon.
Juan Esteban murió en el sitio del ataque, mientras que Freddy Santiago fue trasladado de urgencia a un centro asistencial en Girardot, donde falleció poco después pese a los esfuerzos médicos. El tercer adolescente sobrevivió y permanece bajo atención médica. El concejal Barrios recibió la confirmación de la pérdida de su hijo mientras era acompañado telefónicamente por otro cabildante.
La tensión se agravó cuando el alcalde Luis Ángel Gutiérrez afirmó en rueda de prensa que el crimen podría estar relacionado con narcotráfico o ajustes de cuentas entre bandas criminales. Ante estas declaraciones, el concejal Barrios, visiblemente afectado y entre lágrimas, rechazó los señalamientos por carecer de pruebas, sostuvo que lastimaban la honra de las víctimas y revictimizaban a su familia en medio del luto. Además, denunció haberse sentido intimidado al acudir al despacho del alcalde debido a la presencia de un fuerte dispositivo de escoltas.
La polémica se intensificó tras la circulación de un video en el que el mandatario aparece conversando al oído con el comandante de la Policía, escena que avivó suspicacias sobre el manejo de la información. En dicho video, el alcalde le dice al oficial: «La embarré». Este detalle generó cuestionamientos sobre la versión pública entregada tras el crimen.
Mientras tanto, la Policía del Tolima reportó la identificación de un sospechoso, y la Alcaldía anunció una recompensa de hasta $10 millones por información que permita dar con los responsables del ataque.
El caso ha impactado profundamente la política local, dejando una tensión abierta. La comunidad exige que el esclarecimiento judicial del doble homicidio no se confunda con conjeturas apresuradas ni con silencios que alimenten la desconfianza, en un contexto donde la investigación busca cerrar el cerco sobre los autores del ataque perpetrado en motocicleta.









