Caramanta, un pequeño municipio cafetero del suroeste antioqueño de apenas 4.400 habitantes, quedó ligado a uno de los mayores escándalos documentales del Congreso colombiano por el caso de Luz Verónica Estrada Holguín, nacida allí el 16 de noviembre de 1999 en el seno de una familia campesina. Conocida como «Mirador de Antioquia» y «Capital de la Ruana», la localidad de calles tradicionales hoy observa con cautela cómo el nombre de su oriunda más visible sacude la política nacional.
Estrada, congresista de 27 años elegida para el periodo 2026-2030 por la Cámara por Antioquia en la lista cerrada del Pacto Histórico, enfrenta cinco denuncias ante la Corte Suprema de Justicia, investigaciones disciplinarias de la Procuraduría y una solicitud de renuncia de su propio partido. Pese a la presión y al aislamiento en su bancada, no ha renunciado ni abandonado su curul. Designó como abogado defensor al penalista Santiago Trespalacios Carrasquilla, egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana con maestrías del Externado y Eafit, quien respaldó su silencio mediático y cuestionó que su partido le niegue la presunción de inocencia.
El escándalo gira en torno a presuntas inconsistencias en sus títulos académicos y certificados laborales. Su colegio, la institución educativa Juan Pablo Gómez Ochoa de Caramanta, declaró «la absoluta falsedad e ilegalidad del diploma y acta de grado»: según los registros, habría reprobado octavo grado en 2016 y abandonado los estudios sin graduarse.
En el sector minero, Aris Mining (antes Caldas Gold) desmintió en noviembre de 2026 que hubiera sido jefa de mina en Marmato; aclaró que ocupó el cargo operativo de operaria de Mina 4. En Buriticá habría sido contratada como jefa de mina presentando un supuesto título de ingeniera de Minas de la Universidad de Antioquia, entidad que negará expedir ese diploma y aclarará que no ofrece ese programa. La Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia también negaron sus títulos, y no halló tarjeta profesional.
En 2025 firmó con la DIAN un contrato por 78 millones de pesos; el entonces director Luis Eduardo Llinás alegó haber sido «asaltado en su buena fe», aunque luego trabajó en su unidad legislativa. El caso estalló el 17 de noviembre de 2026 tras una discusión con el canciller Ómar Bula que evidenció falencias en su dominio técnico y detonó la revisión pública de su hoja de vida.









