La Agencia Nacional de Minería viabiliza la continuidad del megaproyecto de AngloGold Ashanti
En una decisión que reaviva el debate minero en Colombia, la Agencia Nacional de Minería (ANM) ha otorgado la viabilidad técnica para la continuidad del proyecto Quebradona, operado por la multinacional AngloGold Ashanti, extendiendo su vigencia hasta el año 2027. La medida, anunciada oficialmente en las últimas horas, representa un giro significativo en la tramitología del yacimiento de cobre y oro ubicado en el municipio de Jericó, en el corazón del Suroeste antioqueño, y pone fin —al menos temporalmente— a la incertidumbre jurídica que rodeaba al proyecto desde 2022.
El proyecto, que contempla una inversión estimada superior a los 3.500 millones de dólares, había entrado en una fase de paralización administrativa tras la negativa de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en febrero de 2022. En aquella ocasión, el ente ambiental argumentó deficiencias en el estudio de impacto ambiental, particularmente en la modelación hidrogeológica y la gestión de relaves, generando un vacío legal que la ANM ha resuelto ahora mediante un acto administrativo que permite a la compañía mantener sus títulos mineros y avanzar en los estudios complementarios exigidos.
Antecedentes: una década de exploración y conflicto socioambiental
La historia de Quebradona se remonta a más de una década atrás, cuando AngloGold Ashanti inició labores de exploración en una zona reconocida por su alta biodiversidad y su vocación cafetera y turística. El yacimiento, clasificado como un depósito de pórfido de cobre-oro de clase mundial, posee reservas estimadas en 2,9 millones de toneladas de cobre y 2,7 millones de onzas de oro, lo que lo convierte en uno de los activos más codiciados del portafolio global de la minera sudafricana.
Sin embargo, el proyecto ha enfrentado una resistencia social sostenida. Comunidades campesinas, juntas de acción comunal, organizaciones ambientalistas y la propia Diócesis de Jericó han expresado reiteradamente su oposición, argumentando riesgos irreversibles para las cuencas hídricas del río Cauca y sus afluentes, la fragmentación de corredores biológicos andinos y la transformación de un modelo productivo basado en la agricultura de montaña y el turismo de naturaleza. En 2019, una consulta popular en Jericó —aunque no vinculante jurídicamente— reflejó un rechazo mayoritario del 90 % de los votantes, configurando un precedente político de gran peso.
El alcance de la medida administrativa y sus implicaciones inmediatas
La resolución de la ANM no equivale a una licencia ambiental —prerrogativa exclusiva de la ANLA—, pero blinda los derechos mineros (contratos de concesión 3453 y 3454) y autoriza a la empresa a ejecutar el plan de trabajo y obras (PTO) necesario para complementar la información técnica que motivó el rechazo anterior. Esto incluye nuevos sondeos de perforación, modelación numérica de flujo subterráneo y diseños de ingeniería para una presa de relaves de tecnología filtrada, considerada de menor riesgo que la convencional.
Fuentes del Ministerio de Minas y Energía indicaron que la decisión se enmarca en la política de «transición energética justa», pues el cobre es mineral estratégico para la electrificación global, paneles solares, vehículos eléctricos y redes de transmisión. «Colombia no puede darse el lujo de cerrarle la puerta a un mineral crítico para la descarbonización mundial», sostuvo un alto funcionario que pidió reserva de su identidad. No obstante, la cartera ambiental ha reiterado que cualquier nueva solicitud de licencia será evaluada con la misma rigurosidad técnica, sin presiones políticas.
Reacciones encontradas: entre la esperanza económica y el miedo territorial
En Jericó y municipios vecinos como Támesis, Valparaíso y La Pintada, la noticia ha generado polarización inmediata. Sectores gremiales, transportadores y comerciantes celebran la perspectiva de empleo formal, regalías y dinamismo económico en una subregión golpeada por la informalidad y la migración juvenil. La Cámara de Comercio del Suroeste estimó que la etapa de construcción podría generar 4.500 empleos directos y 12.000 indirectos, con un aporte anual de regalías superior a los 400.000 millones de pesos a partir de 2028.
Por el contrario, la Mesa por la Vida y el Territorio del Suroeste, articulación de más de 30 organizaciones sociales, calificó la medida como un «golpe a la democracia territorial» y anunció movilizaciones, tutelas y acciones de incidencia internacional. «El Gobierno prioriza los intereses de una transnacional sobre el derecho al agua y a la autonomía de las comunidades campesinas», denunció Dora Lucía Aguirre, vocera de la Mesa y lideresa de la vereda Palocabildo, una de las más cercanas al área de influencia directa.
Panorama futuro: hoja de ruta técnica, legal y política hasta 2027
El cronograma trazado por la ANM establece hitos semestrales de rendición de cuentas. AngloGold Ashanti deberá presentar, antes de diciembre de 2026, un estudio de impacto ambiental actualizado que incorpore los nuevos datos hidrogeológicos y el rediseño de la presa de relaves. Paralelamente, la compañía ha iniciado diálogos con el Ministerio del Interior para activar un proceso de consulta previa, libre e informada con comunidades étnicas —aunque en la zona no hay resguardos indígenas titulados, sí existen consejos comunitarios afrodescendientes en la cuenca baja del río Cauca—. El resultado de esa consulta será determinante para la viabilidad social del proyecto.
En el plano jurídico, se anticipan demandas de nulidad y reparación directa ante el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia, basadas en el principio de precaución y en la supuesta vulneración del derecho a la participación ciudadana. Mientras tanto, la gobernación de Antioquia, bajo la administración de Andrés Julián Rendón, ha adoptado una postura de «acompañamiento técnico vigilante», exigiendo garantías ambientales pero reconociendo el potencial fiscal del proyecto para las finanzas departamentales.
Un proyecto que define el modelo de desarrollo regional
Más allá de los tecnicismos legales, la reactivación de Quebradona plantea una dislocación profunda del modelo de desarrollo para el Suroeste antioqueño. La región, declarada en 2011 como Distrito de Manejo Integrado (DMI) por su valor hídrico y paisajístico, ha apostado en los últimos años a la denominación de origen café, el agroturismo y la conservación de bosques de niebla. La minería a gran escala introduce una lógica extractiva de largo plazo —la vida útil estimada de la mina es de 23 años— que transforma radicalmente la dinámica territorial, la tenencia de la tierra y la cultura campesina.
Analistas del Observatorio de Conflictos Mineros de la Universidad Nacional advierten que el caso Quebradona se ha convertido en referente nacional para dirimir la tensión entre la política minera del Gobierno Petro —que prometió en campaña no otorgar nuevas licencias en páramos y zonas de alta biodiversidad— y la presión macroeconómica por divisas, inversión extranjera y minerales críticos. La extensión hasta 2027 otorga una ventana de tiempo que el Ejecutivo deberá gestionar con transparencia activa, garantizando que la decisión final —licencia sí o licencia no— no sea percibida como un hecho consumado impuesto desde Bogotá.
Mientras los taladros vuelven a sonar en las lomas de Jericó y los abogados preparan sus escritos, la ciudadanía del Suroeste antioqueño observa con una mezcla de esperanza, escepticismo y temor. El desenlace de Quebradona no solo definirá el destino de un yacimiento de clase mundial, sino que sentará precedente para la gobernanza de los territorios mineros en la Colombia de la transición energética.
