Introducción
El representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, acusó públicamente al Ministerio de la Igualdad de haber «amarrado» en sus nóminas a 1.270 personas mediante contratos que, según su denuncia, superan los 30.000 millones de pesos. La afirmación fue realizada durante una rueda de prensa convocada el 3 de agosto de 2026, en la cual el congresista presentó documentos que, a su juicio, evidencian una contratación masiva y opaca dentro de la entidad encargada de promover las políticas de equidad y derechos humanos en el país.
Antecedentes del Ministerio de la Igualdad
Creado en 2022 como parte de la reforma estructural del Estado orientada a fortalecer la inclusión social, el Ministerio de la Igualdad tiene como misión diseñar, coordinar y evaluar políticas que reduzcan brechas de género, étnica, discapacidad y orientación sexual. Desde su inauguración, el despacho ha sido objeto de escrutinio por parte de la Contraloría General de la República y diversos veedurías ciudadanas, que han señalado presuntas irregularidades en la ejecución de su presupuesto, particularmente en la contratación de personal temporal y de asesores externos. En 2024, una auditoría interna detectó sobrecostos en la adquisición de servicios de capacitación por un valor cercano a los 5.000 millones de pesos, lo que derivó en la apertura de un proceso disciplinario contra varios funcionarios de nivel medio.
Detalles de la denuncia de Daniel Briceño
Según el congresista, la presunta irregularidad consiste en la asignación de puestos de trabajo mediante contratos de prestación de servicios que, al ser revisados, presentan características de «amarre»: duración indefinida, remuneraciones por encima del promedio sectorial y falta de publicación en el Sistema electrónico de contratación pública (SECOP). Briceño sostuvo que, de los 1.270 supuestos contratados, aproximadamente el 80 800 corresponderían a roles de asesoría en temas de género y diversidad, mientras que los restantes estarían vinculados a funciones administrativas básicas. El monto total de los contratos, calculado a partir de los valores unitarios declarados en los documentos aportados, alcanzaría los 30.200 millones de pesos, cifra que representa alrededor del 12 % del presupuesto anual asignado al Ministerio para el vigente periodo fiscal.
Reacciones y marco legal
La denuncia generó inmediatas reacciones tanto del oficialismo como de la oposición. El Ministerio de la Igualdad, a través de un comunicado de prensa, rechazó las acusaciones y aseguró que todos los procesos contractuales se encuentran bajo los principios de transparencia, economía y eficacia establecidos en la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones posteriores. Asimismo, anunció la puesta a disposición de la Contraloría de toda la documentación solicitada para que se realice una auditoría especial. Por su parte, la bancada del Centro Democrático solicitó la formación de una comisión de investigación en la Cámara de Representantes, mientras que organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia Colombia y la Red de Defensa de los Derechos Humanos, exhortaron a la Procuraduría General de la Nación a intervenir preventivamente.
Posibles consecuencias y panorama futuro
Si la investigación confirma la existencia de contrataciones irregulares, las sanciones podrían variar desde multas económicas y la nulidad de los contratos hasta la responsabilidad fiscal y penal de los funcionarios involucrados, conforme a lo dispuesto en el Código Estatutario de la Función Pública y el Código Penal colombiano. Más allá de las sanciones individuales, el caso podría desencadenar un debate más amplio sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno en las entidades creadas recientemente y sobre la adecuación de sus plantas de personal a los principios de meritocracia y necesidad real del servicio público. En el horizonte, el Congreso evalúa la posibilidad de presentar un proyecto de ley que exija la publicación mensual de todos los contratos de prestación de servicios superiores a cierto umbral, con el objetivo de aumentar la trazabilidad y reducir los riesgos de captura clientelista.
En conclusión, la denuncia del representante Daniel Briceño pone en evidencia la tensión entre la expansión de la agenda de igualdad y los desafíos de gestión pública que acompañan la creación de nuevas dependencias estatales. El desenlace de este episodio no solo afectará la credibilidad del Ministerio de la Igualdad, sino que también servirá como prueba de fuego para los sistemas de control y accountability que Colombia ha venido construyendo en los últimos años.
