Introducción
El pasado 29 de julio de 2026 la Contraloría General de la República realizó una visita de inspección al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en respuesta a una serie de alertas emitidas por distintos sectores sobre posibles riesgos fiscales y la presunta utilización de mecanismos de contratación directa que podrían vulnerar los principios de transparencia y competencia.
Antecedentes y contexto de las alertas
Durante los primeros meses de 2026 varios organismos de control y think tanks económicos señalaron un aumento significativo en la ejecución presupuestal mediante adjudicaciones directas, particularmente en los rubros de infraestructura tecnológica y servicios de consultoría. Estas prácticas, aunque permitidas bajo ciertas condiciones de urgencia o excepción, empezaron a superar los límites establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado, generando preocupación acerca de un posible desvío de recursos y un incremento del déficit fiscal estructural.
Hallazgos preliminares de la inspección
Los auditores de la Contraloría verificaron, a través de revisiones documentales y entrevistas con funcionarios clave, que al menos el 18 % de los contratos suscritos entre enero y junio de 2026 se realizaron bajo la figura de contratación directa sin la justificación requerida por la normativa. Asimismo, se identificaron inconsistencias en los reportes de gastos de inversión, donde algunas partidas fueron clasificadas como gastos corrientes, lo que podría afectar la presentación de las cuentas públicas y el cálculo del déficit primario.
Respuesta del Ministerio de Hacienda
Frente a los hallazgos, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado en el que reconoce que existen oportunidades de mejora en los procedimientos de selección contractual y se compromete a fortalecer los controles internos. La entidad anunció la creación de un comité interinstitucional encargado de revisar todos los procesos de adjudicación directa y de implementar un sistema de alerta temprana que permita detectar desviaciones antes de su consolidación en el presupuesto.
Implicaciones y panorama futuro
La intervención de la Contraloría podría derivar en sanciones administrativas a los responsables de las irregularidades detectadas, así como en la posible apertura de procesos de responsabilidad fiscal. Expertos advierten que, de no corregirse estas prácticas, el país podría enfrentar una mayor presión sobre su deuda pública y una disminución de la confianza de los inversionistas internacionales. Por otro lado, la medida también abre la puerta a una reforma más profunda del marco regulatorio de contrataciones, con el objetivo de alinear la agilidad administrativa con los principios de rendición de cuentas y eficiencia gasto.
