La exministra Nancy P. Gutiérrez señala que la apropiación política del concepto de fuerza ha distorsionado su esencia y aplicación normativa, transformándolo en un instrumento de debate ideológico más que en un principio técnico-jurídico claro. Esta manipulación ha generado ambigüedades deliberadas que relativizan la necesidad de emplearla en contextos específicos, debilitando la autoridad estatal y creando expectativas ciudadanas irreales sobre su uso. La instrumentalización partidista ha llevado a una confusión sistemática entre el uso legítimo de la fuerza como última ratio para preservar el orden público y la percepción subjetiva de abuso, minando la credibilidad institucional y fomentando narrativas que niegan la complejidad operativa de las fuerzas de seguridad en escenarios de alto riesgo y violencia estructural.
La consecuencia más grave de esta relativización es la erosión del marco legal que rige el uso de la fuerza, ya que la presión política constante para evitar controversias ha impulsado una práctica defensiva contraproducente. Esta dinámica ha resultado en una parálisis operacional, donde el personal de seguridad se enfrenta a dilemas éticos y legales irresolubles entre cumplir su deber y evitar represalias mediáticas o judiciales. La falta de criterios técnicos objetivos y consensuados, reemplazados por debates polarizados, ha desnaturalizado el principio de proporcionalidad y necesidad, exponiendo tanto a los agentes como a la ciudadana a mayores riesgos en el cumplimiento de funciones esenciales para la convivencia democrática y la protección de los derechos fundamentales.
Para reconstruir la legitimidad del concepto, es imperable despolitizar su análisis y retornar a los principios técnicos constitucionales y convencionales que lo sustentan, como el respeto a la vida, la proporcionalidad y la legalidad. La exministra enfatiza la necesidad de formaciones especializadas basadas en evidencia y derechos humanos, que capaciten a los operadores en la toma de decisiones bajo presión, diferenciando claramente entre el uso legítimo de la fuerza y la violencia ilegítima. Solo mediante una cultura institucional que valore el rigor técnico por encima de la conveniencia política se podrá restablecer la confianza, garantizar la efectividad en la protección de la vida y fortalecer el Estado de derecho frente a las amenazas complejas del siglo XXI.
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