Polémica por desplazamiento del jefe de cartera durante crisis
El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, emitió un comunicado público en las últimas horas para ofrecer disculpas por un viaje realizado a la ciudad de Santa Marta, el cual generó fuertes críticas en sectores políticos y en la opinión pública por coincidir con la atención de una emergencia sísmica que afecta al país. El funcionario reconoció que la percepción de su ausencia en momentos críticos fue un error político y de comunicación, pero fue enfático al asegurar que en ningún momento se ha desatendido la coordinación del plan de respuesta habitacional derivado del temblor.
La controversia estalló cuando se conoció la agenda privada del ministro, que incluía su presencia en la capital del Magdalena mientras los reportes oficiales daban cuenta de damnificados, daños estructurales en viviendas de interés social y la activación de los comités de gestión del riesgo en varios departamentos. La cartera de Vivienda es la entidad líder en la ejecución del Plan Nacional de Vivienda de Emergencia, herramienta clave para la reubicación y subsidios de reconstrucción tras eventos telúricos.
Contexto de la emergencia y rol del ministerio
El sismo, cuyos detalles técnicos y magnitud oficial son monitoreados por el Servicio Geológico Colombiano, activó los protocolos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Bajo esta arquitectura institucional, el Ministerio de Vivienda tiene a su cargo la caracterización de daños en el stock habitacional, la viabilización de subsidios de arrendamiento y mejoramiento, y la articulación con las gobernaciones y alcaldías para la entrega de soluciones transitorias y definitivas.
Fuentes cercanas al despacho ministerial indicaron que Beltrán ha sostenido reuniones virtuales permanentes con el Puesto de Mando Unificado (PMU), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los secretarios de Vivienda departamentales. «El ministro ha despachado de forma remota, revisando fichas técnicas de daño y aprobando giros de recursos para albergues temporales», aseguró un alto funcionario de la cartera que pidió reserva de su identidad.
Reacciones políticas y control político
La oposición en el Congreso de la República anunció que citará a control político al ministro Beltrán para que explique los detalles de su agenda del fin de semana y los protocolos de delegación de funciones activados durante su ausencia física de Bogotá. «La presencia del ministro en el territorio cero no es simbólica, es operativa. Su ausencia envía un mensaje equivocado a los damnificados y a los equipos territoriales», señaló una congresista de la Comisión Quinta de la Cámara.
Por su parte, bancadas de gobierno defendieron la gestión remota argumentando que la modernización del Estado permite la toma de decisiones sin necesidad de la presencialidad física, aunque admitieron que «la óptica política fue desafortunada» y que el viaje debió ser reprogramado o cancelado dada la coyuntura.
Medidas correctivas y panorama futuro
En su declaración, Beltrán anunció medidas inmediatas para restablecer la confianza: el regreso inmediato a Bogotá para encabezar personalmente el Puesto de Mando Unificado de Vivienda, la designación de un viceministro como delegado permanente en la zona de mayor afectación sísmica y la publicación diaria de un informe de ejecución presupuestal y de gestión de damnificados en la página web de la entidad.
El Ministerio también confirmó que ya se encuentran en trámite los primeros giros de recursos del Fondo Nacional de Vivienda (FNV) para atender a las familias censadas en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar, los más golpeados por el movimiento telúrico. La meta del gobierno es cerrar el censo de viviendas con daño estructural en un plazo de 15 días para iniciar la fase de subsidios de reconstrucción.
Antecedentes de gestión de riesgo en la cartera
No es la primera vez que la cartera de Vivienda enfrenta escrutinio por su capacidad de respuesta. Durante la ola invernal de 2022 y el sismo de 2023 en el centro del país, la entidad recibió observaciones de la Contraloría General por retrasos en la liquidación de contratos de emergencia y en la entrega de subsidios de arrendamiento. El actual ministro, posesionado en 2024, llegó con la promesa de agilizar los procesos contractuales y digitalizar la ventanilla única de atención al damnificado.
Analistas del sector construcción y vivienda social consultados coinciden en que, más allá del incidente protocolario, el verdadero examen para la cartera será la velocidad de ejecución presupuestal en los próximos 90 días. «Las disculpas son necesarias, pero los damnificados necesitan escrituras, subsidios y obras, no comunicados», concluyó un vocero de una ONG de defensa del derecho a la vivienda.
