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Avanza en el Congreso el proyecto de Justicia Escolar Restaurativa: así funcionaría el nuevo modelo de convivencia en los colegios públicos

El proyecto de ley de Justicia Escolar Restaurativa (JER) superó su primer debate tras ser aprobado en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. La iniciativa fue presentada por las representantes Laura Daniela Beltrán, conocida como ‘Lalis’, e Isabel Vera, ambas del Pacto Histórico.

Su propósito es establecer un marco normativo de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones educativas públicas del país en los niveles de educación inicial, básica y media, con el fin de transformar la manera en que se abordan los problemas de convivencia escolar y prevenir la violencia en las aulas.

El eje central de la propuesta consiste en sustituir el modelo centrado en el castigo por uno que privilegia el diálogo, la responsabilidad individual, la reparación de los daños causados y la reconciliación entre las partes involucradas.

Para implementar este cambio, el articulado aprobado contempla la creación de una Estrategia Nacional de Justicia Escolar Restaurativa, liderada por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las secretarías de Educación territoriales. Dicha estrategia se desarrollará en cuatro fases progresivas: sensibilización, planificación, ejecución y evaluación.

El proyecto impone obligaciones concretas a la comunidad educativa. Las instituciones deberán incorporar los principios y prácticas de la justicia restaurativa en sus manuales de convivencia y en sus planes de estudio. Asimismo, docentes y directivos actuarán como facilitadores, los estudiantes asumirán responsabilidades frente a sus propios actos y los padres de familia apoyarán las iniciativas de reconciliación.

El Estado, por su parte, tendrá que elaborar guías prácticas, materiales educativos y jornadas de capacitación dirigidas a maestros, estudiantes y acudientes, de modo que la comunidad cuente con herramientas claras para aplicar el modelo.

Para evitar que la ley quede únicamente en el papel, la iniciativa ordena crear mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación que permitan medir el impacto real de las prácticas restaurativas sobre el clima escolar.

En los aspectos operativo y presupuestal, el texto señala que el Gobierno Nacional asignará los recursos necesarios conforme a la disponibilidad del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Además, fija un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la eventual promulgación de la ley, para que el Ministerio de Educación expida la reglamentación definitiva del modelo.

En síntesis, el proyecto busca modificar los manuales de convivencia de todos los centros educativos públicos e instaurar una cultura escolar basada en el diálogo y la reparación, en lugar de la sanción.

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