La Misión de Verificación de la ONU sostuvo este miércoles su primer encuentro con Viviane Morales, consejera comisionada de Paz y directora encargada de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. La exministra recibió en la Casa de Nariño a Miroslav Jenča, representante del secretario general. El acercamiento busca comprender de primera mano la orientación que el gobierno de Abelardo De La Espriella pretende dar a la implementación del Acuerdo de La Habana, que este 24 de noviembre cumple diez años.
Días atrás, durante un debate de control político en el Congreso, Morales señaló que la hoja de ruta del Ejecutivo contempla «sincerar las cifras» de la paz y evaluar la pertinencia de los recursos y programas destinados a cumplir los distintos puntos del Acuerdo.
La Misión de la ONU, cuyo mandato se extendió un año más tras eliminar la revisión de la reforma rural integral y reducir sus funciones a vigilar la reincorporación y las garantías de seguridad, ha venido advirtiendo sobre la vulnerabilidad de los firmantes de paz y el funcionamiento de agencias esenciales como la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).
Según la Unidad de Implementación, el Gobierno ratificó su compromiso con el Acuerdo, pero dejó claro que busca articularlo con sus políticas de seguridad. En un comunicado, el Ejecutivo indicó que «la recuperación de la seguridad territorial, la garantía efectiva de los derechos fundamentales y la lucha contra las economías ilícitas son condiciones indispensables para avanzar en la construcción de paz», especialmente en las regiones más golpeadas por grupos armados ilegales y la violencia.
Por su parte, Jenča destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las entidades del Gobierno y las autoridades territoriales, y de contar con una arquitectura institucional eficiente. Reiteró la disposición de la Misión de aportar su experiencia y presencia territorial a través de sus 29 oficinas regionales y subregionales. En entrevista con EL TIEMPO, el diplomático eslovaco afirmó que «no se ha logrado traer la institucionalidad de una manera suficiente para crear y garantizar los espacios necesarios para el desarrollo territorial».
Finalmente, cifras de la Fiscalía General de la Nación revelan que entre 2016 y 2026 han sido asesinados 517 firmantes de paz. Aunque cerca de 11.000 excombatientes siguen comprometidos con su proceso de reincorporación, las amenazas de grupos armados y las desigualdades sociales y económicas continúan siendo un reto para la estabilidad de sus proyectos de vida.









