Operativo policial desarticula red de hurtos en Leiva
Un amplio operativo llevado a cabo por la Policía Nacional en Leiva, departamento de Nariño, permitió recuperar 22 motocicletas que se encontraban en poder de disidentes del frente ‘Franco Benavides’. La acción, desarrollada a finales del presente año, se suma a una serie de medidas orientadas a debilitar las economías ilegales que sustentan a estos grupos armados en el suroccidente del país. Según fuentes policiales, las motos eran utilizadas no solo como medio de transporte, sino también como moneda de cambio para el reclutamiento de nuevos integrantes y como fuente de repuestos para vehículos blindados empleados en actividades delictivas.
La operación se inició tras varios meses de inteligencia que segnalaron concentraciones sospechosas de vehículos robados en áreas rurales cercanas a Leiva. Los uniformados lograron establecer una red de puntos de encuentro donde los disidentes almacenaban provisionalmente los motorcycles, lo que derivó en 22 decomisos y en la captura de varios presuntos miembros de la estructura armada. Entre los capturados, se destacó un grupo de 16 disidentes que fueron puestos a disposición de la justicia militar, segn informaron fuentes del Ejército Nacional. El resto de los detenidos quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación.
Cómo el robo de motos financia a los disidentes
El suroccidente colombiano, que abarca municipios como Leiva, Túquerres y Cumbal, ha sido históricamente un corredor estratégico para el tráfico de drogas y el contrabando. Tras el acuerdo de paz de 2016, numerosos exguerrilleros de las FARC se escindieron y formaron nuevas disidencias que continuaron con economías ilegales. El robo sistemático de motocicletas se convirtió en una de sus principales fuentes de ingresos, ya que estas máquinas son vendidas al mercado ilegal de repuestos, utilizadas para facilitar el trasiego de estupefacientes o para ser revendidas a otros grupos criminales.
Los investigadores señalan que las disidencias aprovechaban la facilidad de movilidad que brindan las motocicletas para evadir controles policiales y militares. Cada vehículo podía ser desmantelado y vender sus piezas por separado, obteniendo un beneficio considerable. Además, la posesión de una motocicleta servía como herramienta de propaganda y reclutamiento: los nuevos reclutas eran invitados a unirse al grupo a cambio de una máquina robada o de servicios relacionados con el robo, lo que reforzaba la estructura operativa de las disidencias y permitía ampliar su capacidad de acción.
El director de la Policía en Nariño destacó la importancia de este operativo: «Recuperar estas motocicletas no solo remueve un medio de transporte ilegal, sino que también corta una cadena de financiamiento que alimenta el terrorismo y el crimen organizado en nuestra región». La acción policial no solo afectó su capacidad logística, sino que también envió un mensaje disuasorio a otras células criminales que intentan replicar este modelo en departamentos vecinos.
Consecuencias y panorama futuro
El impacto del operativo se extiende más allá de la recuperación material de las 22 motocicletas. Para la comunidad local, la medida reduce la inseguridad diaria que supone el robo de vehículos, permitiendo un flujo de transporte más seguro y regular. En el ámbito institucional, el éxito de la operación refuerza la cooperación interinstitucional entre la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, lo que podría traducirse en mayores recursos y coordinación para operaciones similares en el futuro.
No obstante, expertos en seguridad advierten que las disidencias disponen de una red de apoyo bien establecida que podría reubicarse en zonas más remotas o buscar nuevas fuentes de ingresos, como el extorsión o el tráfico de combustible. El gobierno nacional ha anunciado la implementación de patrullas permanentes en la Panamericana y el fortalecimiento de la inteligencia en las zonas rurales, buscando prevenir que estos grupos vuelvan a utilizar las rutas de contrabando.
En el mediano plazo, la tendencia será la consolidación de las políticas de presencia estatal, desarrollo económico alternativo y reparación social en las zonas afectadas. Iniciativas como la entrega de motos a cooperativas locales y la creación de canales de ingreso lícitos buscan desincentivar la participación de jóvenes en grupos armados ilegales. Sin embargo, el éxito dependerá de la capacidad del Estado para mantener una vigilancia constante y ofrecer alternativas reales de empleo y educación en las comunidades más vulnerables.
En síntesis, el operativo policial en Leiva constituye un golpe significativo contra una economía ilegal que había logrado transformar el robo de motocicletas en una herramienta de financiamiento y reclutamiento. La recuperación de los vehículos, la detención de 16 disidentes y la consiguiente desarticulación de una red criminal demuestran que, con recursos adecuados y coordinación institucional, es posible debilitar las estructuras de las disidencias en el suroccidente colombiano. El reto ahora es consolidar estos logros con políticas integrales que aseguren una paz duradera y alejen a las comunidades del atractivo de las actividades ilegales.
