Situación crítica del sector porcícola santandereano
Los porcicultores del departamento de Santander han lanzado una alerta urgente ante las autoridades regionales y nacionales: la ausencia de una planta de sacrificio animal certificada en Bucaramanga está empujando al cierre técnico y definitivo a gran parte de las unidades productivas del gremio. Según voceros del sector, más del 40% de las granjas medianas y pequeñas han cesado operaciones en los últimos dieciocho meses, generando pérdidas económicas que superan los 120 mil millones de pesos y poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de la región.
La problemática no es nueva, pero se ha agudizado tras el cierre de la única planta frigorífica que operaba en el área metropolitana, ocurrida a finales de 2022 por incumplimientos en normas sanitarias y ambientales. Desde entonces, los productores deben trasladar sus animales hasta plantas en el centro del país —principalmente en Cundinamarca y Antioquia—, lo que incrementa los costos logísticos en un 35% y eleva la mortandad durante el transporte por estrés térmico y mecánico.
Antecedentes: el colapso de la infraestructura local
Históricamente, Santander fue autosuficiente en procesamiento porcino. La planta de Frigorífico Santander, ubicada en el corregimiento de La Venta (Girón), procesaba hasta 1.200 cabezas diarias y abastecía el 70% del consumo local. Su cierre respondió a una sanción de la Secretaría de Salud Departamental y del INVIMA por deficiencias en tratamiento de aguas residuales, manejo de subproductos y cadena de frío. Pese a los intentos de reapertura bajo nueva administración, los trámites de licenciamiento ambiental se encuentran estancados en la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) desde hace catorce meses.
«No pedimos subsidios, pedimos infraestructura habilitante», declaró Julián Mantilla, presidente de la Asociación de Porcicultores de Santander (AsoporcSantander). «Cada día que pasa sin planta, perdemos competitividad frente a la carne de cerdo importada que ingresa por el puerto de Barranquilla y se distribuye sin los mismos controles sanitarios que se nos exigen a nosotros».
Impacto económico y social en la cadena productiva
El cierre de granjas no afecta solo a los propietarios. La cadena porcícola genera empleo directo para 3.200 familias e indirecto para otras 12.000 en actividades de alimentación balanceada, transporte, veterinaria, comercialización y procesamiento de subproductos. En municipios como Lebrija, Girón, Rionegro, San Gil y Vélez, la porcicultura representa la primera o segunda fuente de ingresos rurales.
Un estudio de la Universidad Industrial de Santander (UIS), divulgado en marzo de 2026, estimó que la reactivación de una planta con capacidad de 800 cabezas/día generaría un efecto multiplicador de 2,7 sobre el PIB agropecuario departamental y reduciría el precio final al consumidor entre un 12% y un 18%. Además, permitiría la trazabilidad total del producto, exigencia creciente de las grandes cadenas de supermercados y del programa Alimentación Escolar (PAE).
Riesgos sanitarios y ambientales del statu quo
El traslado prolongado de cerdos en camiones no refrigerados —viajes de 8 a 14 horas— eleva el riesgo de diseminación de enfermedades como la Peste Porcina Clásica y el Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS). La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) ha advertido que la movilización masiva de animales sin certificados de tránsito en tiempo real constituye una brecha en la vigilancia epidemiológica nacional.
Paradójicamente, la ausencia de planta local ha provocado el surgimiento de sacrificios clandestinos en fincas y cascos urbanos, sin control de residuos ni inspección veterinaria. La Personería de Bucaramanga reportó 23 decomisos en 2025, con hallazgos de quistes de Taenia solium y residuos de antibióticos por encima de los límites máximos permitidos. «Es un problema de salud pública silencioso», advirtió la Dra. Claudia Rueda, epidemióloga de la Secretaría de Salud Municipal.
Propuestas concretas y respuesta institucional
El gremio ha presentado al Gobierno Departamental y a la Alcaldía de Bucaramanga un pliego de peticiones que incluye: (1) agilizar la licencia ambiental para la readecuación de la planta de La Venta bajo estándares de economía circular (biodigestores, compostaje de subproductos, reuso de agua); (2) declarar el proyecto como Interés Público y Utilidad Social para expropiar predios colindantes y ampliar zona de amortiguamiento; (3) crear un fondo rotatorio con recursos del Sistema General de Regalías para capital de trabajo de pequeños productores mientras se reactiva la infraestructura.
La Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Agricultura, anunció en septiembre de 2026 la conformación de una Mesa Técnica Interinstitucional con participación del Ministerio de Agricultura, INVIMA, CDMB, SENA y gremios. El compromiso es entregar un cronograma vinculante antes del 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, los productores eximen garantías jurídicas: «Necesitamos un acto administrativo con fuerza ejecutiva, no solo mesas de diálogo», enfatizó Mantilla.
Panorama futuro y competitividad regional
Santander posee ventajas comparativas indiscutibles: disponibilidad de maíz y soya en el Magdalena Medio, clima favorable para la reproducción, y ubicación estratégica para abastecer los mercados de los Santanderes, Boyacá, Norte de Santander y la Costa Caribe. El Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 incluyó la «Reactivaación de la cadena porcícola» como línea estratégica, pero sin asignación presupuestal específica para la planta.
Mientras tanto, Brasil y Chile —principales exportadores a Colombia— han incrementado sus cuotas en el mercado nacional un 22% en 2025, aprovechando la debilidad de la oferta local. La Federación Nacional de Porcicultores (Fenalce) estima que Colombia importa actualmente el 18% del cerdo que consume, cifra que podría reducirse al 5% si se reactivan las plantas regionales paralizadas.
«El cerdo santandereano tiene genética de alta conversión alimenticia y certificación en bienestar animal», concluyó Mantilla. «Lo que nos falta es la última milla: transformar el animal vivo en canal certificada aquí, en nuestro territorio. Eso es lo que defenderemos hasta el final».
