Crisis humanitaria en Nariño: más de 2.500 desplazados por combates en la costa pacífica
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios lanzó una alerta sobre una nueva emergencia humanitaria en el departamento de Nariño, suroccidente de Colombia, donde aproximadamente 2.500 personas han sido forzadas a abandonar sus hogares tras el estallido de enfrentamientos entre disidencias de exguerrilleros y unidades del Ejército Nacional. La situación se concentra en zonas rurales de la costa pacífica nariñense, una región históricamente marcada por la presencia de grupos armados ilegales y la disputa por rutas de narcotráfico y minería ilegal.
Antecedentes: el conflicto armado en el suroccidente colombiano
Nariño ha sido durante décadas uno de los territorios más disputados por el conflicto armado interno de Colombia. Su ubicación geográfica, limítrofe con Ecuador y con salida directa al Océano Pacífico, la convierte en un corredor estratégico para el tráfico de estupefacientes y otras economías ilícitas. Tras la desmovilización de las antiguas FARC-EP en el marco del Acuerdo de Paz de 2016, surgieron estructuras disidentes que no aceptaron el proceso y mantuvieron el control de varias zonas rurales del departamento. Desde entonces, la región ha enfrentado ciclos recurrentes de violencia, confinementamiento y desplazamiento forzado de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Antes de este último episodio, habitantes de varios corregimientos ya venían reportando la presencia de hombres armados, amenazas a líderes sociales y restricciones a la movilidad. El aumento de la tensión entre los grupos irregulares y la fuerza pública derivó en combates que, según la información preliminar, pusieron en riesgo directo a la población civil, obligando a familias enteras a huir con lo puesto hacia cabeceras municipales y asentamientos temporales.
Consecuencias directas para la población civil
El desplazamiento masivo tiene consecuencias inmediatas y de largo plazo. Las personas afectadas han perdido sus cultivos, enseres y medios de subsistencia, mientras que los alojamientos temporales suelen carecer de servicios básicos como agua potable, saneamiento y atención médica adecuada. Las organizaciones humanitarias advierten sobre un incremento en los riesgos de explotación, reclutamiento de menores y violencia de género en contextos de hacinamiento.
La ONU instó a las partes en conflicto a respetar el derecho internacional humanitario y a permitir el paso seguro de misiones de auxilio. Además, hizo un llamado al Estado colombiano para que garantice la protección de los desplazados, facilite el retorno voluntario, seguro y digno una vez cesen las hostilidades, e implemente medidas de protección colectiva para las comunidades más vulnerables de la costa pacífica.
Panorama futuro y desafíos institucionales
El panorama inmediato sigue siendo incierto. Mientras continúen los enfrentamientos, el retorno de los desplazados no será viable y podría registrarse un aumento en el número de personas afectadas si los combates se extienden a otras veredas. Las autoridades locales y nacionales enfrentan el desafío de articular una respuesta integral que combine seguridad, ayuda humanitaria y desarrollo territorial, con el fin de evitar que la zona quede bajo el dominio exclusivo de grupos armados.
Observadores internacionales sostienen que la solución estructural pasa por una presencia efectiva del Estado en educación, salud y sustitución de cultivos ilícitos, además de mecanismos de diálogo que reduzcan la confrontación armada en zonas pobladas. Mientras tanto, la comunidad de Nariño espera que la alerta de la ONU se traduzca en acciones concretas que detengan la crisis humanitaria y protejan la vida de miles de ciudadanos.
