El sismo que sacudió al Eje Cafetero y el suroccidente
El movimiento telúrico registrado la madrugada del lunes 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Caldas y una magnitud superior a los 6 grados en la escala de Richter, no solo deixou una estela de daños materiales en municipios como Pereira, Manizales, Quibdó y Cali, sino que encendió todas las alarmas sobre la capacidad del Estado y la sociedad civil para proteger a uno de los grupos poblacionales más vulnerables: los adultos mayores. El temblor, el más fuerte en la región en más de una década, evidenció que la infraestructura destinada al cuidado de la tercera edad no está preparada para resistir eventos sísmicos de gran intensidad, poniendo en riesgo inmediato la vida de miles de personas con movilidad reducida, enfermedades crónicas y dependencia total de terceros.
Colombia se asienta sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico y el sistema de fallas de los Andes, lo que la convierte en un territorio sísmicamente activo. Sin embargo, la normativa de construcción antisísmica (NSR-10) se ha aplicado de manera desigual, especialmente en edificaciones antiguas que fueron adaptadas para funcionar como hogares de paso, centros de día o fundaciones sin ánimo de lucro. Muchos de estos inmuebles, construidos antes de la actualización de los códigos sísmicos de 2010, presentan fallas estructurales latentes que el sismo del 10 de agosto hizo visibles de manera dramática.
Infraestructura vulnerable y población de alto riesgo
Según los reportes preliminares de las secretarías de Salud y Gestión del Riesgo de los departamentos afectados, al menos 47 instituciones de atención al adulto mayor reportaron daños estructurales de consideración. En Cali, capital del Valle del Cauca, las grietas en muros de carga y el desprendimiento de elementos no estructurales obligaron a la evacuación preventiva de tres centros geriátricos. En Pereira y Manizales, epicentro de la mayor intensidad, se registraron colapsos parciales en edificaciones que albergaban residencias de larga estancia. La situación en Quibdó, Chocó, agrava el panorama debido a la precariedad histórica de la infraestructura pública y la dificultad de acceso para equipos de rescate y asistencia humanitaria.
La vulnerabilidad no es solo física, sino clínica y social. La mayoría de los residentes en estos centros padecen hipertensión, diabetes, demencia, enfermedad de Parkinson o secuelas de accidentes cerebrovasculares. Una evacuación de emergencia implica no solo mover cuerpos, sino garantizar la continuidad de tratamientos médicos, la cadena de frío para insulinas y anticoagulantes, y la asistencia de personal de enfermería especializado. El sismo interrumpió el suministro eléctrico y de agua potable en amplios sectores, comprometiendo la operatividad de equipos médicos esenciales como concentradores de oxígeno, bombas de infusión y sistemas de monitoreo vital.
El caso de la Fundación Jesús de Nazareth: un retrato de la crisis
La Fundación Jesús de Nazareth, ubicada en el área metropolitana de Cali, se ha convertido en el símbolo de la tragedia silenciosa que viven estos espacios. La entidad acoge a 38 adultos mayores, todos con patologías de base complejas y alta dependencia. Martha Lugo, directora de la fundación, describió a este medio la angustia de los días posteriores al sismo: «Vivimos confinados, con miedo a que una réplica termine de derrumbar lo que quedó en pie. No tenemos a dónde ir, ni recursos para reforzar la estructura. Los abuelos no entienden por qué no pueden salir al patio, por qué duermen en colchones en el piso del comedor».
El testimonio de Lugo revela una realidad extendida: la falta de planes de contingencia específicos para población mayor en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y Entidades Promotoras de Salud (EPS). La normativa actual exige planes de emergencia genéricos, pero no protocolos diferenciales que contemplen la evacuación vertical, el traslado medicalizado masivo o la reubicación temporal en sedes habilitadas con estándares geriátricos. La fundación, como muchas otras, sobrevive con recursos mixtos: aportes estatales insuficientes, donaciones privadas y trabajo voluntario. No cuenta con pólizas de seguro que cubran daños sísmicos ni fondos de reserva para reconstrucción.
Respuesta institucional y vacíos en la gestión del riesgo
El Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Salud, activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la ayuda humanitaria. Se desplegaron brigadas de salud mental, se enviaron kits de higiene y medicamentos, y se habilitaron albergues temporales en coliseos e instituciones educativas. No obstante, organizaciones de derechos humanos y veedurías ciudadanas han denunciado que la respuesta ha sido reactiva y no preventiva. «No se había mapeado previamente la ubicación y condición estructural de todos los centros de atención al adulto mayor del país. Estamos improvisando en medio de la emergencia», señaló un vocero de la Defensoría del Pueblo.
La Superintendencia Nacional de Salud ha ordenado inspecciones urgentes a las IPS geriátricas en zona de alto riesgo sísmico, pero el rezago en la actualización del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) dificulta conocer el universo real de instituciones que operan en la informalidad o sin habilitación vigente. Además, la coordinación entre el nivel nacional, departamental y municipal presenta fisuras: mientras la UNGRD gestiona recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo, las alcaldías deben ejecutar obras de refuerzo estructural con presupuestos propios, muchas veces inexistentes.
Panorama futuro: hacia un modelo de cuidado resiliente
El terremoto del 10 de agosto deja una lección ineludible: la resiliencia del sistema de cuidados no se construye solo con normas de construcción, sino con una arquitectura institucional que ponga la dignidad y la vida de los mayores en el centro de la planificación territorial. Expertos en gerontología y gestión del riesgo coinciden en la necesidad de: (1) un censo nacional actualizado y georreferenciado de todos los servicios de atención al adulto mayor, público y privado; (2) la creación de un fondo nacional de fortalecimiento estructural para instituciones geriátricas, con criterios de priorización por riesgo sísmico y vulnerabilidad social; (3) la obligatoriedad de planes de emergencia diferenciados, simulacros periódicos con participación de bomberos, defensa civil y personal de salud; y (4) la integración de la perspectiva de envejecimiento en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y en las estrategias de cambio climático.
Mientras el país debate la reforma a la salud y el sistema de pensiones, la emergencia sísmica recuerda que el envejecimiento poblacional —Colombia superará los 10 millones de personas mayores de 60 años en 2030— exige una infraestructura de cuidado a la altura de los desafíos geológicos y climáticos del territorio. La reconstrucción de los hogares dañados no puede limitarse a reparar grietas; debe ser la oportunidad para edificar un nuevo pacto social que garantice que ningún adulto mayor tenga que vivir «confinado por el miedo» en su propia casa de cuidado.
