Una toma de posesión bajo la sombra de la emergencia sísmica
La primera semana de la administración del presidente Abelardo De La Espriella quedó marcada de forma indeleble por una tragedia natural que obligó al nuevo mandatario a posponer la agenda ceremonial y política para concentrarse en la respuesta inmediata a un devastador terremoto. Lo que debía ser un periodo de transición ordenada y presentación de gabinetes se transformó, desde las primeras horas del lunes 11 de agosto, en una prueba de fuego para la capacidad operativa del Estado colombiano y para el liderazgo directo del jefe de Estado.
El sismo, cuyo epicentro se localizó en una zona de alta vulnerabilidad sísmica del centro-occidente del país, sacudió la madrugada del día de la posesión, dejando un saldo preliminar de cientos de víctimas mortales, miles de heridos y daños estructurales masivos en infraestructura vial, hospitalaria y educativa. La magnitud del evento —calificado por el Servicio Geológico Colombiano como uno de los más severos en las últimas tres décadas— impuso una declaratoria de emergencia nacional que reconfiguró por completo las prioridades del flamante gobierno.
El Puesto de Mando Unificado: centro neurálgico de la respuesta
Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el presidente De La Espriella ha dirigido personalmente las operaciones de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria. Acompañado por los ministros del Interior, Defensa, Salud, Vivienda y Hacienda, así como por la cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, el mandatario ha sostenido jornadas maratónicas de hasta 18 horas diarias coordinando el despliegue de más de 15.000 efectivos entre soldados, bomberos, personal de salud y voluntarios.
La instalación del PMU en la UNGRD —y no en la Casa de Nariño— envió una señal clara: la gestión del riesgo y la respuesta humanitaria priman sobre la liturgia del poder. Desde allí se han autorizado recursos de emergencia por 2,4 billones de pesos, se han decretado tres días de duelo nacional y se ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y el sistema de ayuda humanitaria de la OEA para recibir asistencia internacional especializada en rescate en estructuras colapsadas.
Rueda de prensa en el Palacio de San Carlos: transparencia y rendición de cuentas
El viernes 15 de agosto, al cerrar la primera semana de gobierno, el presidente ofreció una rueda de prensa en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, para rendir cuentas a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre el estado de la emergencia. Flanqueado por la directora de la UNGRD, el ministro de Salud y el comandante general de las Fuerzas Militares, De La Espriella presentó un balance preliminar: 1.243 personas rescatadas con vida, 347 cuerpos recuperados, 48.000 damnificados atendidos en albergues temporales y el restablecimiento progresivo del servicio eléctrico en el 68 % de los municipios afectados.
El mandatario fue enfático al señalar que «no habrá improvisación ni opacidad en el manejo de los recursos» y anunció la creación de un Fondo de Reconstrucción Transparente, auditado por la Contraloría General de la República y por una veeduría ciudadana integrada por universidades, gremios profesionales y organizaciones de víctimas. Asimismo, confirmó la solicitud formal de crédito contingente al Banco Mundial y al BID por 800 millones de dólares para financiar la reconstrucción de infraestructura crítica bajo estándares de resiliencia sísmica.
Antecedentes: una deuda histórica en gestión del riesgo
La tragedia ha puesto en evidencia, una vez más, las debilidades estructurales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Pese a la existencia de la Ley 1523 de 2012 y de planes municipales de gestión del riesgo, la mayoría de los territorios afectados presentaban planes desactualizados, simulacros incumplidos y una alarmante informalidad en la edificación. Estudios de la Universidad Nacional y de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica advertían desde 2019 que más del 60 % de la edificación en las zonas de alto riesgo no cumple la norma NSR-10.
Gobiernos anteriores intentaron —con resultados desiguales— fortalecer la UNGRD, dotar de equipos a los cuerpos de bomberos voluntarios y financiar planes de mitigación. Sin embargo, la corrupción en la contratación de obras de estabilización de laderas, la dispersión de competencias entre nación, departamentos y municipios, y la falta de cultura preventiva ciudadana han lastrado los avances. El actual gobierno hereda, por tanto, una institucionalidad fragmentada y subfinanciada que ahora debe responder bajo el escrutinio máximo.
Panorama futuro: reconstrucción con resiliencia y reforma institucional
El horizonte de mediano plazo plantea retos mayúsculos. La reconstrucción integral —vivienda, vías, hospitales, escuelas, acueductos— demandará entre tres y cinco años y una inversión estimada superior a los 15 billones de pesos. El gobierno ha anunciado que el proceso se guiará por tres principios: seguridad de la vida, equidad territorial y sostenibilidad ambiental. Se priorizará la reubicación de asentamientos en zonas de amenaza inmitigable, la construcción de vivienda nueva bajo tipologías sismorresistentes y la rehabilitación de infraestructura pública con criterios de «mejoramiento sísmico» y no solo reposición.
En lo institucional, el presidente De La Espriella anticipó que presentará al Congreso, en la legislatura que inicia el 20 de julio, una reforma a la Ley 1523 para dotar a la UNGRD de autonomía presupuestal, facultades sancionatorias frente a municipios incumplidos y un sistema de alerta temprana integrado con tecnología satelital y inteligencia artificial. También se creará el Cuerpo Nacional de Bomberos Profesionales, con carrera administrativa, salarios dignos y dotación estandarizada, para reducir la dependencia actual del voluntariado.
La política en tiempos de catástrofe: unidad nacional o fractura
La emergencia ha generado una tregua política de facto. Partidos de oposición, gremios económicos, centrales obreras y organizaciones sociales han respaldado las medidas de emergencia y solicitado al gobierno celeridad y transparencia. No obstante, voces críticas advierten que la concentración de poderes en el PMU, los decretos de emergencia económica y la contratación directa podrían derivar en abusos si no hay control político y judicial riguroso.
El primer gran test democrático será el debate de control político citado en el Senado para la próxima semana, donde la bancada de la Alianza Verde y el Centro Democrático exigirán explicaciones sobre la ejecución de los recursos, la cadena de mando en los primeros 72 horas y los criterios de priorización territorial. La capacidad del gobierno para rendir cuentas en tiempo real y corregir desviaciones definirá su legitimidad más allá de la coyuntura humanitaria.
Conclusión: una presidencia definida por la respuesta a la tragedia
La primera semana del gobierno De La Espriella no se medirá por los decretos de nombramiento ni por los discursos programáticos, sino por la eficacia, la empatía y la transparencia con que el Estado colombiano atienda a las víctimas del terremoto. La historia reciente de América Latina —México 1985, Chile 2010, Ecuador 2016— muestra que las catástrofes sísmicas pueden consolidar o fracturar gobiernos. El mandato del nuevo presidente acaba de comenzar, pero su legado ya está siendo escrito entre los escombros y la solidaridad de un país que exige, ante todo, que nunca más la falta de prevención cueste tantas vidas.
