El recrudecimiento de la violencia selectiva evidencia una transformación estructural en la doctrina operativa de los grupos armados ilegales, quienes han migrado de confrontaciones militares clásicas hacia tácticas de control social basadas en el terror indiscriminado contra la población civil, fenómeno que desnuda la profundización de economías criminales en territorios históricamente abandonados por el Estado colombiano, donde la debilidad institucional, la ausencia de garantías efectivas de seguridad y la falta de presencia judicial robusta han permitido que estas organizaciones reconfiguren sus redes de poder local, instrumentalizando el miedo como mecanismo de disciplinamiento colectivo para facilitar el acaparamiento de rentas ilícitas, rutas de narcotráfico y minería criminal, afectando desproporcionadamente a comunidades étnicas, líderes sociales y defensores de derechos humanos que resisten proyectos extractivos bajo amenazas sistemáticas que buscan vaciar el territorio para expandir fronteras delincuenciales.
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