El escenario interno del partido se ha visto profundamente afectado por la ausencia de una posición unificada frente a la coyuntura política actual, lo cual evidencia una fractura ideológica que trasciende simples diferencias de estrategia. Los sectores más conservadores han exigido una línea dura contra las propuestas progresistas, mientras que una facción moderada busca alianzas transversales que mitiguen la polarización. Esta falta de consenso no solo refleja tensiones históricas entre corrientes internas, sino que también se ve alimentada por presiones externas de grupos de presión, medios de comunicación y la propia base electoral, que demandan claridad y coherencia. La indecisión del liderazgo ha generado incertidumbre entre los militantes, provocando una desafección que se traduce en menor movilización y un riesgo de deserción hacia opciones políticas más definidas en el espectro de la derecha.
Como consecuencia directa de la decisión de abrir la votación a cualquiera de las opciones de la derecha, el partido se enfrenta a una reconfiguración de sus alianzas electorales que podría alterar el equilibrio de poder en el Congreso. Al permitir que sus militantes elijan entre diferentes listas de derecha, se potencia la fragmentación del voto, lo que a su vez favorece la aparición de nuevos líderes y la consolidación de bloques más heterogéneos. Esta estrategia, aunque busca evitar la pérdida total de afiliados, corre el riesgo de debilitar la disciplina partidaria y de difuminar la identidad institucional, lo que puede traducirse en una menor capacidad de negociación legislativa y en la pérdida de agenda propia. Asimismo, la percepción pública de indecisión puede erosionar la confianza ciudadana, generando un déficit de legitimidad que afecte las futuras campañas electorales.
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