La convocatoria reciente a diversos organismos nacionales e internacionales para articular acciones que impacten de manera directa y sostenida la vida de las mujeres en Colombia mediante la incidencia política y la visibilización sistemática de las violencias que enfrentan a diario se inserta en un contexto de profundas brechas estructurales que el país arrastra desde décadas atrás, pese a los avances normativos registrados en los últimos años. Como Editor Jefe de Política de TDI Colombia, es imperativo resaltar que el análisis nacional de esta medida evidencia que la baja representación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones sigue siendo uno de los principales obstáculos para la materialización de derechos: según datos del Observatorio de Género del Congreso, solo el 27.9% de los escaños en el Senado y el 28.3% en la Cámara de Representantes están ocupados por mujeres, cifras que se mantienen por debajo del 30% establecido como cuota mínima en la reforma constitucional de 2015, lo que demuestra que la incidencia política no es solo un asunto de campañas, sino de transformación de las dinámicas de poder que excluyen históricamente a las mujeres, especialmente a aquellas de territorios rurales, comunidades étnicas y poblaciones LGBTIQ+, que enfrentan intersecciones de discriminación que los marcos normativos vigentes aún no logran abordar de manera integral.
Las causas que motivan esta convocatoria a organismos se fundamentan en la crisis de violencia de género que atraviesa el país, una situación que el análisis nacional de TDI Colombia identifica como una de las mayores urgencias de la agenda pública no atendida con la celeridad necesaria. A nivel nacional, los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses revelan que solo en el primer semestre de 2024 se registraron 312 femicidios, una cifra que proyecta un cierre de año superior a los 600 casos, mientras que las denuncias por violencia intrafamiliar crecieron un 18% comparado con el mismo periodo de 2023, evidencia de que las dinámicas de violencia no solo persisten, sino que se han agudizado en un contexto de postpandemia donde los mecanismos de protección estatales han mostrado saturación y falta de articulación. Asimismo, la visibilización de las violencias requiere romper con la cultura de la impunidad que rodea a estos delitos: el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) señala que solo el 12% de los casos de violencia de género denunciados termina en una condena efectiva, lo que desincentiva a las víctimas a acudir a las autoridades y perpetúa la invisibilidad de las agresiones cotidianas, desde el acoso callejero hasta el trabajo doméstico no remunerado, que sigue recayendo de manera desproporcionada en las mujeres, limitando su capacidad de participación política y económica plena.
Las consecuencias de esta convocatoria a organismos, si se articula de manera efectiva con mecanismos de rendición de cuentas vinculantes, pueden marcar un antes y un después en la garantía de los derechos de las mujeres en Colombia, según el análisis de la redacción política de TDI Colombia. Entre los impactos positivos esperados se encuentra la creación de una ruta unificada de incidencia política que permita a las organizaciones de mujeres incidir en la formulación de leyes y políticas públicas con enfoque de género diferencial, evitando la dispersión de esfuerzos que ha caracterizado las acciones estatales y de la sociedad civil en las últimas décadas. No obstante, el principal reto para que esta convocatoria no sea solo un ejercicio retórico radica en la asignación de recursos presupuestales suficientes y la participación real de las mujeres de base, especialmente de aquellas en territorios donde el conflicto armado persiste, pues históricamente las políticas de género se han diseñado desde los centros urbanos sin tener en cuenta las realidades de las mujeres rurales, afrocolombianas e indígenas. De materializarse esta articulación interinstitucional, se proyecta una reducción de al menos un 20% en las cifras de violencia de género en los próximos cuatro años, así como un incremento en la representación política de las mujeres que permita superar por fin el umbral del 30% de cuota mínima, consolidando un sistema democrático más inclusivo y equitativo para todas las colombianas.
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