El análisis nacional de la imagen pública refleja un decrecimiento significativo desde febrero, con factores como las políticas económicas de ajuste fiscal y la gestión de la pandemia identificados como causas principales. La percepción negativa, registrada en el 65% de los 3.800 encuestados, se vincula directamente con críticas a la inestabilidad de precios y la distribución desigual de recursos en sectores urbanos y rurales. Esta tendencia sugiere una creciente desconfianza en instituciones estatales, exacerbada por la polarización política y la falta de comunicación transparente en temas como la vacunación y la seguridad ciudadana.
LLas consecuencias de este desalineamiento son visibles en el desgaste de la agenda gubernamental, con encuestas recientes indicando que más del 50% de la población prioriza la distribución equitativa de recursos sobre el crecimiento económico. Sectores como salud y educación enfrentan protestas por la brecha entre las políticas anunciadas y su implementación en distritos marginados. Además, la comparación con febrero —cuando el 42% de los ciudadanos valoraba positivamente la gestión— evidencia un giro cultural hacia la desmovilización social y el fortalecimiento de movimientos opositores en plataformas digitales.
LEl impacto a mediano plazo podría incluir la adopción de reformas sociales por parte del poder ejecutivo, especialmente en redistribución de ingresos, como respuesta al voto ciudadano. Sin embargo, la falta de consenso en el Congreso y la polarización legislativa limitan estas posibilidades, prolongando el desgaste institucional. A nivel internacional, esta percepción negativa afecta la inversión extranjera en proyectos de infraestructura, acelerando la erosión del déficit fiscal y profundizando la recesión económica proyectada para 2024.
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