La Asociación denuncia que el proyecto de ley otorga una potestad reglamentaria que excede los límites constitucionales, dejando poco margen de maniobra a las regiones para ejercer autonomía administrativa. Esta extralimitación se fundamenta en la intención del gobierno de centralizar decisiones sin una verdadera consulta con los gobiernos locales, lo que genera resistencia entre los gobernadores y los movimientos sociales. Además, la falta de claridad en los lineamientos genera incertidumbre jurídica, pues los entes territorios no pueden anticipar los efectos de una normativa que se proyecta como facultad discrecional. La iniciativa ya inició trámite en el Congreso, lo que acelera la presión sobre los legisladores para aprobarla antes de que se consoliden los reclamos de los sectores afectados.
LLa extralimitación de potestad genera una crisis de gobernabilidad que afecta la prestación de servicios públicos en las áreas rurales y marginales, pues los gobiernos locales pierden capacidad de decidir sobre inversiones clave. La falta de margen de maniobra obliga a los municipios a depender de decisiones centralistas que, al no estar alineadas con sus realidades territoriales, provocan retrasos en obras de infraestructura y en la implementación de programas de desarrollo. Además, la presión política derivada del trámite parlamentario genera polarización entre partidos, lo que dificulta la construcción de consensos y aumenta el riesgo de protestas sociales. La asociación advierte que, de aprobarse sin modificaciones, se vulnerarán derechos de participación ciudadana y se instaurará un precedente que facilitará futuras concentraciones de poder ejecutivo.
LEn vista de la situación, los expertos en políticas públicas recomiendan una reforma que equilibre la potestad del ejecutante con garantías de participación regional, incluyendo la creación de comités mixtos de seguimiento y la obligatoriedad de consultas previas vinculantes. Asimismo, se sugiere que el Congreso incorpore cláusulas de revisión periódica para ajustar la normativa a los resultados empíricos de la gestión territorial. La falta de acción podría acentuar la desconfianza ciudadana, incrementar la conflictividad social y debilitar la eficacia de las políticas públicas en el largo plazo. La asociación insiste en que el margen de maniobra debe ser ampliado mediante mecanismos de devolución de competencias a los gobiernos locales, garantizando así una gobernanza más descentralizada y responsable.
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