En la zona donde se reporta la presencia simultánea del clan del Golfo y dos de los frentes de las disidencias más sanguinarios, incluido el de Calarcá, la complejidad del conflicto armado interno se vuelve aún más visible. Estas organizaciones, con raíces que se remontan a la década de los noventa, se han asentado en territorios estratégicos por su geografía, recursos naturales y rutas de narcotráfico, lo que les permite sustentar economías ilícitas y expandir su influencia sobre poblaciones vulnerables. El Golfo, una de las facciones más poderosas del narcotráfico en Colombia, ha diversificado sus actividades hacia la minería ilegal y la extorsión, mientras que las disidencias, surgidas de la escisión de las FARC‑EP, mantienen una agenda enfocada en la lucha armada y la imposición de control territorial. La convergencia de estos actores en un mismo espacio intensifica la fragmentación del poder local, dificulta la acción estatal y genera un entorno de inseguridad que repercute en la vida cotidiana de agricultores, pescadores y comunidades indígenas, cuyas rutas de desplazamiento y acceso a servicios básicos quedan severamente comprometidos.
El mantenimiento de la actividad de estos grupos obedecen a una combinación de factores estructurales y coyunturales que el Estado ha tenido dificultades para contrarrestar de manera integral. En primer lugar, la persistencia de inequidades socioeconómicas en áreas rurales profundiza la marginalidad, creando un caldo de cultivo para la captura de reclutas y el apoyo de comunidades que perciben al conflicto armado como la única vía para la subsistencia. En segundo lugar, la falta de presencia estatal sostenida, tanto en términos de seguridad como de desarrollo, deja vacíos de gobernanza que son rápidamente ocupados por grupos armados que ofrecen “protección” a través de la violencia y el control de recursos. Además, la política de sustitución de cultivos ilícitos y los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) no han logrado despegarse del modelo de exclusión, pues se encuentran marcados por una ejecución fragmentada y, a menudo, por la desconfianza de las comunidades que dudan de la continuidad de los incentivos. Este cuadro se ve agravado por la escasez de inversión en infraestructura y la debilidad de la justicia transicional, lo que limita la capacidad de respuesta del Estado y alimenta la percepción de impunidad que legitima la permanencia de los grupos armados en la zona.
Mirando hacia el futuro, el desafío de restablecer la autoridad del Estado y garantizar la seguridad ciudadana en estos territorios exige una estrategia multisectorial que trascienda la simple aplicación de la fuerza militar. Es necesario reforzar la presencia institucional mediante la implementación de proyectos de desarrollo sostenible que respondan a las necesidades locales, como la mejora de caminos, acceso a agua potable y la promoción de actividades productivas alternativas al narcotráfico. Paralelamente, la consolidación de procesos de justicia restaurativa, que incluyan la participación activa de las víctimas y la reparación integral, podría contribuir a romper los ciclos de violencia y a generar confianza en la institucionalidad. En el plano de seguridad, la coordinación entre fuerzas militares, policiales y organismos de inteligencia debe optimizarse para desarticular las redes de financiación y logísticas de estos grupos, sin descuidar la protección de los derechos humanos. Solo mediante una combinación coherente de política de desarrollo, justicia y seguridad se podrá reducir la capacidad operativa del Golfo y de las disidencias, preparando el terreno para una paz sostenible y la reconstrucción del tejido social en una zona históricamente marcada por el conflicto.
