Verdad y justicia: exmilitar confiesa su participación en los «falsos positivos» de Cocorná

En un paso determinante para esclarecer uno de los episodios más oscuros del conflicto armado en el oriente antioqueño, el teniente retirado Andrés Mauricio Rosero Bravo compareció ante la justicia para reconocer formalmente su responsabilidad en los hechos ocurridos en el municipio de Cocorná durante el año 2006.

Un reconocimiento clave ante la justicia

La diligencia, que marca un precedente en la búsqueda de la verdad por parte de las víctimas, confirma la participación del oficial en la ejecución extrajudicial de civiles, un fenómeno tristemente conocido en el país como «falsos positivos». Rosero Bravo, quien para la época de los hechos se encontraba en servicio activo, admitió ante las autoridades competentes haber desempeñado un papel directo en la operación que terminó con la vida de personas inocentes presentadas fraudulentamente como bajas en combate.

Este testimonio es una pieza fundamental para las familias de las víctimas, quienes durante casi dos décadas han clamado por justicia, buscando limpiar el nombre de sus seres queridos y alcanzar la verdad sobre lo sucedido en las montañas de Antioquia.

La lucha por la reparación y la verdad

Para la comunidad de Cocorná, este reconocimiento no es solo un trámite legal, sino una oportunidad para cerrar una herida profunda que ha marcado a la región. El caso de Rosero Bravo se suma a la larga lista de investigaciones que adelantan los organismos judiciales para desarticular la red de responsabilidad institucional que permitió estos crímenes en diferentes zonas del territorio nacional.

«La verdad es el primer paso para la reconciliación», han señalado organizaciones de derechos humanos que acompañan el proceso, subrayando que este tipo de confesiones son indispensables para garantizar que la historia no se repita y para que las víctimas puedan acceder a los mecanismos de reparación integral contemplados en el marco de la justicia transicional.

Se espera que, tras este reconocimiento, el proceso judicial avance hacia la etapa de determinación de las sanciones, mientras las autoridades continúan analizando si existen otros implicados en esta operación específica que enlutó a varias familias en el año 2006.