Operación militar en El Cerrito deja un muerto, capturas y cuantioso material de guerra incautado
En un golpe contundente contra las estructuras armadas residuales que operan en el suroccidente colombiano, tropas de la Tercera División del Ejército Nacional, en coordinación con la Brigada 3 y el Comando Aéreo de Combate No. 7 (CACOM 7), desarticularon la Compañía Eiber González, perteneciente al frente Adán Izquierdo, una de las facciones más activas del grupo narcoterrorista conocido como ‘Estado Mayor Central’ (EMC), bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. La operación se desarrolló en la vereda El Moral, zona rural del corregimiento de Tenerife, en el municipio de El Cerrito, norte del departamento del Valle del Cauca.
El balance preliminar entregado por las autoridades militares reporta un integrante del grupo armado muerto en desarrollo de los combates, la captura de tres sujetos —entre ellos el cabecilla de la compañía, Alex Antonio Jaramillo Hoyos, alias ‘J. J.’, quien resultó herido— y la aprehensión de un menor de 17 años que hacía parte de la estructura. Este resultado representa un debilitamiento significativo en la cadena de mando y control territorial de esta facción, señalada como responsable de una ola de violencia, extorsión y constreñimiento contra la población civil en el centro del Valle del Cauca.
Arsenal incautado revela capacidad ofensiva y logística de la estructura
La magnitud del material incautado dimensiona la capacidad bélica y logística que mantenía esta compañía. Entre los elementos decomisados se cuentan cuatro fusiles, una escopeta, una pistola, dos revólveres, un mortero hechizo, 16 granadas para dron, siete dispositivos explosivos improvisados, 12 proveedores y 153 cartuchos de diferentes calibres. Además, se incautaron una motocicleta, 13 teléfonos celulares, un computador portátil, cinco equipos de radio comunicaciones, una cámara de seguridad, una antena Starlink —clave para comunicaciones en zonas de difícil acceso—, material de intendencia, 12 pancartas alusivas al grupo armado y 11 millones de pesos en efectivo, producto presumiblemente de las rentas ilegales como la extorsión y el narcotráfico.
La presencia de granadas adaptadas para drones y una antena de internet satelital evidencia un salto tecnológico en la guerra asimétrica que libran estos grupos, lo que obliga a la Fuerza Pública a adaptar sus tácticas de inteligencia y combate. El material de intendencia y las pancartas confirman la intención de la estructura de mantener una presencia política y militar permanente en la región, imponiendo su ley a través del terror.
Contexto: El EMC y la fragmentación de la paz en el suroccidente
La Compañía Eiber González hace parte del frente Adán Izquierdo, una de las múltiples escisiones surgidas tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y la posterior decisión de un sector de las extintas FARC-EP, liderado por ‘Iván Mordisco’, de no acogerse al proceso de reincorporación. Este grupo, autodenominado Estado Mayor Central, ha mutado hacia una organización narcoterrorista híbrida, combinando discurso político residual con economías ilícitas puras: cultivo y procesamiento de coca, minería ilegal, extorsión masiva y control de corredores para el narcotráfico hacia el Pacífico.
El Valle del Cauca, y específicamente su zona centro y norte, se ha convertido en un epicentro de disputa territorial entre el EMC, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y estructuras locales de delincuencia organizada. La población civil —campesinos, líderes sociales, comerciantes y transportadores— ha sido la principal víctima de esta confrontación, sufriendo desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de menores, homicidios selectivos y extorsiones que asfixian la economía local.
Impacto financiero y operacional: un golpe al mando y las finanzas
Fuentes militares consultadas califican la operación como un golpe estratégico a las finanzas y al mando medio de la estructura. La captura de alias ‘J. J.’, cabecilla de la compañía, permite acceder a información valiosa sobre la cadena de mando, rutas de abastecimiento, contactos con proveedores de armamento y dinámicas de lavado de activos. El decomiso del computador, los celulares y la antena Starlink abre la puerta a labores de inteligencia cibernética para rastrear redes de apoyo logístico y financiero en zonas urbanas y rurales.
Asimismo, la aprehensión del menor de edad pone nuevamente en el foco público la problemática del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales, una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario que el Estado colombiano debe atender con medidas de protección, restitución de derechos y persecución penal de los reclutadores.
Panorama futuro: Seguridad en el centro del Valle y retos pendientes
Aunque la operación representa un éxito táctico y operacional innegable, analistas de seguridad advierten que la desarticulación de una compañía no equivale a la dismantelación del frente ni del EMC. Estas estructuras tienen capacidad de regeneración, reemplazo de mandos y reacomodamiento territorial. El vacío de poder dejado puede ser disputado por otros actores armados, generando nuevos ciclos de violencia si no hay una consolidación de la presencia estatal integral —justicia, inversión social, infraestructura y garantías para la vida civil—.
El comando de la Tercera División ha anunciado el mantenimiento de operaciones ofensivas en el corredor Tenerife-El Cerrito-Guadalajara de Buga, así como el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia humana y tecnológica para anticipar reacciones del grupo armado. Paralelamente, se requiere una articulación efectiva con la Fiscalía General de la Nación para judicializar a los capturados, garantizar el debido proceso y desmontar las redes de apoyo logístico y financiero que sostienen la guerra en los territorios.
La comunidad del centro del Valle del Cauca observa con expectativa y cautela. El fin de la extorsión, el cese de los confinamientos y la garantía de movilidad segura son las demandas inmediatas. El Estado tiene ahora la responsabilidad de traducir este éxito militar en seguridad humana sostenible, evitando que el territorio vuelva a ser escenario de disputa criminal.
