Una región estratégica bajo el fuego cruzado
El Oriente antioqueño, corredor vial vital que conecta el centro del país con la costa Caribe y el eje cafetero, vive horas de zozobra. Lo que comenzó como incidentes aislados —la incineración de un bus de servicio público y la aparición de grafitis alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en vías y fachadas— ha destapado una disputa territorial de fondo que lleva meses cocinándose a fuego lento. Lejos de ser hechos fortuitos, analistas de seguridad y líderes sociales coinciden en que se trata de una ofensiva calculada para reconquistar el control social y económico de una subregión que, por su geografía y economía, resulta estratégica para cualquier estructura armada.
El vehículo incinerado, un bus de la empresa Expreso Oriente que cubría la ruta Medellín–San Luis, fue interceptado en la vereda La Honda, jurisdicción de Cocorná, la noche del pasado lunes. Hombres armados obligaron a conductor, ayudante y pasajeros a descender antes de prenderle fuego. No hubo heridos físicos, pero el mensaje quedó grabado en la memoria colectiva: la movilidad y el comercio son objetivos militares. Cuarenta y ocho horas después, pintadas con las siglas del ELN y mensajes intimidatorios aparecieron en los municipios de El Carmen de Viboral, La Ceja y Rionegro, ampliando el radio de acción psicológica.
El crimen que no cabe en las estadísticas
En medio de esta escalada, la madrugada del miércoles se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de un adolescente de 13 años en una zona boscosa de El Carmen de Viboral. La víctima, identificada como Jhon Alejandro Ríos, presentaba signos de tortura y disparos a quemarropa. Aunque las autoridades no han establecido móvil ni autores materiales, la comunidad y organizaciones de derechos humanos señalan que el menor podría haber sido reclutado a la fuerza o castigado por negarse a colaborar con grupos armados. «No es un homicidio común, es un mensaje de terror dirigido a las familias y a la juventud», denunció un vocero de la Mesa de Víctimas del Oriente, quien pidió reserva de su identidad por seguridad.
El caso reabre el debate sobre el reclutamiento forzado en la subregión. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre 2023 y 2025 se registraron al menos 47 alertas de riesgo de reclutamiento en los 23 municipios del Oriente, con picos en los corredores viales hacia el Magdalena Medio y el Bajo Cauca. La Defensoría emitió la Alerta Temprana 016-2024 en marzo pasado, advirtiendo la presencia conjunta de ELN, Clan del Golfo y disidencias de las FARC disputando rentas del narcotráfico, minería ilegal y extorsión al transporte.
Antecedentes: una paz que nunca llegó del todo
La violencia en el Oriente no es nueva. Durante las décadas de 1990 y 2000, la subregión fue escenario de combates entre paramilitares del Bloque Metro y guerrillas de las FARC y ELN por el control de las rutas del narcotráfico y las economías ilegales. La desmovilización paramilitar de 2003 y el acuerdo de paz con las FARC en 2016 redujeron los índices de homicidio, pero no desmantelaron las estructuras criminales de base. Bandas sucesoras, conocidas como ‘Oficinas’, heredaron redes de extorsión, microtráfico y control social en cabeceras municipales y veredas.
Desde 2022, con el inicio de los diálogos de paz con el ELN y el cese al fuego bilateral temporal, se esperaba una reducción de acciones violentas. Sin embargo, la ruptura del cese en enero de 2025 y la posterior reanudación de hostilidades en el Catatumbo y el Chocó tuvieron efecto dominó. Combatientes del ELN habrían migrado hacia el Oriente buscando corredores de movilidad y zonas de retaguardia, chocando con intereses del Clan del Golfo, que mantiene hegemonía en el norte y nordeste antioqueño.
La economía del miedo: extorsión al transporte y al comercio
El transporte público intermunicipal se ha convertido en el termómetro de la conflictividad. Empresarios del gremio, que pidieron anonimato, revelan que el ‘impuesto’ a la circulación oscila entre 500.000 y 2 millones de pesos mensuales por vehículo, según la ruta y la empresa. Quienes se niegan a pagar enfrentan atentados, quema de flota o asesinatos de conductores. En 2024 se registraron 17 atentados contra buses en la subregión, con un saldo de tres conductores muertos y once heridos.
El comercio formal e informal sufre la misma dinámica. Comerciantes de Rionegro, La Ceja y Marinilla reportan exigencias de ‘vacunas’ semanales bajo amenaza de cerrar establecimientos o atentar contra sus familias. La Cámara de Comercio del Oriente antioqueño estima que el 38 % de los afiliados ha pagado extorsión en el último año, y un 12 % ha desplazado su actividad a otras regiones o cerrado definitivamente.
Respuesta institucional: entre la fuerza pública y la vía judicial
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció el despliegue de 300 hombres adicionales del Ejército y la Policía para reforzar los ejes viales y las cabeceras municipales. Se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Rionegro, con participación de Fiscalía, Defensoría, Procuraduría y Fuerza Pública. «No permitiremos que el Oriente vuelva a ser escenario de guerra», declaró el mandatario, quien solicitó al Gobierno nacional declarar la zona como ‘interés estratégico’ para priorizar inversión social y judicial.
Por su parte, el comandante de la Séptima División del Ejército, general Luis Fernando Navarro, confirmó operaciones ofensivas contra el Frente 9 del ELN y la subestructura Gonzalo Oquendo del Clan del Golfo, señalados como responsables de la incineración del bus y las pintadas. Sin embargo, fuentes judiciales advierten que la judicialización de autores materiales e intelectuales sigue siendo el talón de Aquiles: de 17 atentados a buses en 2024, solo en tres hay capturas y en uno solo sentencia condenatoria.
Comunidad organizada: resistencia civil y exigencia de garantías
Frente a la insuficiencia estatal, juntas de acción comunal, consejos comunitarios y organizaciones campesinas han activado protocolos de autoprotección. En San Francisco y San Luis, comunidades declararon ‘zonas de vida’ y exigen el retiro de actores armados de sus territorios. «No somos escudos, somos sujetos de derechos», reza el comunicado conjunto firmado por 42 organizaciones sociales del Oriente, entregado a la Defensoría y a la Misión de Verificación de la ONU.
La Iglesia católica, a través de la Diócesis de Sonsón–Rionegro, abrió espacios de diálogo humanitario y acompañamiento a familias desplazadas forzosamente en los últimos tres meses: 187 personas, según la Unidad para las Víctimas. Monseñor Fidel León Cadavid hizo un llamado a «cesar el fuego contra la población civil y respetar el derecho internacional humanitario», instando a los grupos armados a establecer corredores humanitarios.
Panorama futuro: entre la negociación y la confrontación
El escenario a mediano plazo presenta dos rutas. La primera, una reactivación de la mesa de diálogos con el ELN que incluya un cese al fuego verificable en el Oriente, con garantías para la población y cronograma de desescalada. La segunda, una profundización de la confrontación militar que, sin inversión social paralela, ha demostrado históricamente ser insuficiente para romper el ciclo de violencia.
Analistas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) advierten que la clave está en la gobernabilidad local: fortalecer alcaldías, personerías y comisarías de familia para que sean la primera línea de respuesta, y no solo receptores de denuncias. Mientras tanto, en las veredas del Oriente, la cotidianidad transcurre entre toques de queda informales, silencio forzado y el rumor constante de motores de moto que, al caer la tarde, anuncian la ley de los actores armados.
