Operativo sin precedentes en la capital antioqueña
En una acción coordinada entre la Policía Nacional, Migración Colombia, la Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades ejecutaron este viernes un megaoperativo de seguridad en varios barrios de Medellín que resultó en la captura de 149 personas y la expulsión inmediata de 98 ciudadanos venezolanos señalados de integrar estructuras delictivas de alto impacto. La operación, supervisada directamente por el director de Migración Colombia, Abelardo De La Espriella, marca un hito en la estrategia de combate a la criminalidad organizada con componente migratorio en el área metropolitana.
Según el informe oficial entregado a los medios, los expulsados acumulaban colectivamente más de 1.000 medidas policiales —que incluyen comparendos, requisas y órdenes de protección— y 240 anotaciones judiciales por delitos que van desde hurto calificado y tráfico de estupefacientes hasta homicidio, extorsión y concierto para delinquir. Las autoridades calificaron el grupo como «una amenaza concreta para la convivencia y la seguridad ciudadana» en los corregimientos y comunas donde operaban.
Perfil de los expulsados: antecedentes y peligrosidad
El análisis de los prontuarios reveló que la mayoría de los individuos tenía estancias irregulares en el país y registraban ingresos por pasos no habilitados en la frontera colombo-venezolana. Un 62% presentaba anotaciones por hurto a personas y residencias, mientras que un 28% estaba vinculado a procesos por microtráfico en zonas escolares y parques. Los restantes enfrentaban cargos por porte ilegal de armas, lesiones personales y participación en bandas dedicadas al «gota a gota» y al cobro de vacunas.
Fuentes judiciales indicaron que varios de los expulsados eran reincidentes con órdenes de captura vigentes en Venezuela, lo que complicaba su procesamiento ordinario en Colombia. La legislación migratoria —Decreto 1067 de 2015 y Ley 1465 de 2011— faculta a Migración Colombia para ordenar la expulsión inmediata de extranjeros que representen un riesgo para la seguridad pública, previo respeto al debido proceso y a los derechos humanos.
Traslado a la frontera y coordinación binacional
Una vez judicializadas las expulsiones, los 98 venezolanos fueron conducidos bajo fuerte esquema de seguridad al Comando Aéreo de Combate No. 5 en Rionegro, desde donde un avión C-295 de la Fuerza Aérea Colombiana los trasladó hasta la Base Aérea de Camilo Daza en Cúcuta, Norte de Santander. En la frontera, funcionarios de Migración Colombia y de la Oficina de Asuntos Migratorios de Venezuela coordinaron la recepción y verificación de identidades, garantizando el cumplimiento de los protocolos internacionales de repatriación.
El director De La Espriella destacó que «esta operación demuestra la capacidad del Estado para articular inteligencia, fuerza pública y justicia migratoria». Añadió que se mantendrán controles biométricos en pasos fronterizos para impedir el reingreso irregular de los expulsados, quienes ahora figuran en la base de datos de inadmitidos por un período de diez años.
Reacciones políticas y sociales
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró el resultado y pidió al Gobierno nacional mayor apoyo logístico y presupuestal para replicar operativos similares en otros corredores de la ciudad. «No podemos permitir que la delincuencia importada se apodere de nuestros barrios», declaró. Por su parte, la Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo emitieron un comunicado conjunto solicitando garantías de respeto a los derechos fundamentales durante los traslados y la verificación caso por caso de las anotaciones judiciales.
Organizaciones de migrantes venezolanos en Colombia expresaron preocupación por la estigmatización colectiva que puedan generar estas acciones. «La inmensa mayoría de los venezolanos en Medellín son trabajadores honestos», afirmó Carlos Méndez, vocero de la Red de Apoyo Migrante. Instó a las autoridades a diferenciar entre responsabilidad individual y generalizaciones xenófobas.
Contexto migratorio y de seguridad en Medellín
Medellín recibe actualmente a más de 150.000 venezolanos, según cifras de Migración Colombia a corte de septiembre de 2026. La ciudad ha visto un aumento del 18% en denuncias por hurtos y del 12% en homicidios en el último año, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC). Analistas de la Universidad de Antioquia y la Fundación Ideas para la Paz advierten que la vinculación de migrantes en economías ilegales responde a la falta de oportunidades de regularización laboral y a la presencia de redes criminales binacionales que reclutan en condiciones de vulnerabilidad.
El megaoperativo se enmarca en el Plan Choque «Seguridad con Legalidad», lanzado en agosto por el Ministerio del Interior, que prioriza 15 ciudades con alta incidencia de delitos asociados a migración irregular. Medellín fue la primera en ejecutar una acción de esta envergadura, y se espera que Barranquilla, Bogotá y Cúcuta sigan el modelo en las próximas semanas.
Próximos pasos y desafíos futuros
Las autoridades anunciaron que se abrirán investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos que hayan facilitado la permanencia irregular de los expulsados. Asimismo, la Fiscalía inició el proceso de extinción de dominio sobre bienes muebles e inmuebles vinculados a las estructuras desarticuladas.
En el mediano plazo, el reto principal será la integración socioeconómica de la población migrante regular para reducir los factores de riesgo. El Gobierno colombiano negocia con organismos internacionales —OIM, ACNUR y BID— un paquete de visas de regularización por arraigo laboral que podría beneficiar a 300.000 venezolanos en todo el país antes de finalizar 2027. Mientras tanto, la Fuerza Pública mantendrá operaciones focalizadas de inteligencia en los corredores identificados como rutas de reingreso de expulsados.
La expulsión de estos 98 ciudadanos venezolanos envía un mensaje claro: Colombia no será refugio para la criminalidad organizada, pero también plantea el imperativo humanitario de atender las causas estructurales que empujan a miles de migrantes a la marginalidad. El equilibrio entre seguridad y derechos seguirá definiendo la agenda migratoria en los próximos años.
