Un crimen que estremece a la capital de Norte de Santander
La ciudad de Cúcuta amaneció este martes bajo una densa nube de incertidumbre y consternación tras confirmarse el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno del municipio y figura política llamada a convertirse en el principal contendiente para la Alcaldía en las elecciones de 2027. El homicidio, ocurrido en circunstancias que las autoridades aún investigan con hermetismo, no solo arrebata la vida a un funcionario con amplia trayectoria en la administración pública, sino que altera drásticamente el tablero electoral de una de las ciudades más estratégicas de la frontera colombiana.
Castellanos, quien se desempeñó como mano derecha del actual alcalde durante gran parte del cuatrienio, había consolidado en los últimos meses una base de apoyo transversal que lo proyectaba como el candidato natural de la continuidad administrativa, pero con sello propio. Su gestión al frente de la Secretaría de Gobierno le permitió tejer relaciones con gremios, juntas de acción comunal y sectores empresariales, capital político que ahora queda huérfano.
La extraña ausencia de esquema de protección
Uno de los interrogantes que más ruido genera en los círculos políticos y judiciales es la ausencia de escoltas al momento del atentado. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que Castellanos había renunciado voluntariamente a su esquema de seguridad meses atrás, argumentando razones de «tranquilidad personal» y confianza en el entorno ciudadano. Sin embargo, analistas de seguridad consultados consideran que esta decisión pudo responder a presiones sutiles o a una subestimación del riesgo real que enfrentaba por sus investigaciones internas sobre redes de corrupción y microtráfico en la ciudad.
El hecho de que un exfuncionario de su nivel, con acceso a información sensible sobre las finanzas municipales y las dinámicas delincuenciales en la frontera, se movilizara sin protección estatal, plantea serias dudas sobre los protocolos de evaluación de riesgo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la región.
Recompensa y reacciones institucionales
En respuesta al magnicidio político, la Alcaldía de Cúcuta, en coordinación con la Gobernación de Norte de Santander y el Ministerio del Interior, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita la captura de los autores materiales e intelectuales. El anuncio fue realizado en un consejo de seguridad extraordinario presidido por el mandatario local, quien decretó tres días de duelo oficial y solicitó apoyo especializado del CTI de la Fiscalía y de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN).
El jurista Abelardo De La Espriella, reconocido penalista con influencia en la región, se pronunció públicamente calificando el hecho como «un golpe a la democracia local» y exigió que la investigación no se limite a los ejecutores, sino que escale hasta determinar si existen motivaciones políticas o contractuales detrás del crimen. «No puede quedar en la impunidad ni en el archivo de un sicariato común; aquí hay un mensaje claro para la clase política cucuteña», sentenció.
Antecedentes: una carrera forjada en la administración de lo público
Miguel Castellanos no era un improvisado en la política fronteriza. Abogado de la Universidad Libre, seccional Cúcuta, con especialización en Derecho Administrativo, inició su carrera en la Personería Municipal a inicios de los años 2000. Pasó por la Secretaría de Tránsito, la Oficina de Control Interno y, en 2020, asumió la Secretaría de Gobierno, cargo desde el cual lideró la negociación con venteros informales, la reubicación de plazas de mercado y el plan de choque contra el microtráfico en comunas como La Libertad, Belisario y Scalabrini.
Su gestión, sin embargo, no estuvo exenta de controversias. En 2023, la Contraloría General abrió indagación preliminar por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de vigilancia privada para sedes administrativas, proceso que Castellanos siempre negó y que, según sus allegados, había sido archivado por falta de mérito semanas antes de su muerte. Este antecedente alimenta la hipótesis de que su asesinato podría estar ligado a venganzas burocráticas o a la protección de intereses económicos ilegítimos.
Panorama electoral: vacío de poder y reacomodos
Con la desaparición física del principal aspirante, las fuerzas políticas locales entran en una fase de reacomodamiento urgente. El partido de la U, al que Castellanos estaba adscrito, y la coalición de gobierno municipal deben definir en tiempo récord un reemplazo que herede su capital electoral, tarea compleja dada la personalista naturaleza de su liderazgo. Sectores de oposición, como el Centro Democrático y movimientos independientes, ven una ventana de oportunidad, aunque también el riesgo de que la violencia se normalice como herramienta de selección de candidatos.
Analistas de la Universidad Francisco de Paula Santander advierten que Cúcuta arrastra una historia de violencia política selectiva desde los años 90, con atentados contra concejales, ediles y líderes comunales que en su mayoría permanecen en la impunidad. El caso Castellanos podría convertirse en un punto de inflexión si el Estado logra una respuesta judicial contundente y oportuna.
Frontera caliente: el contexto estructural
No puede entenderse este hecho aisladamente. Cúcuta es epicentro de dinámicas criminales complejas: rentas del narcotráfico, contrabando de hidrocarburos, trata de personas y extorsión al comercio convergen en una ciudad donde la presencia de grupos como el ELN, disidencias de las FARC (Frente 33) y bandas locales (Los Rastrojos, Ak-47) disputa el control territorial. La Secretaría de Gobierno, que Castellanos dirigió, es precisamente la oficina encargada de coordinar la política de convivencia y seguridad, lo que lo convertía en un objetivo de alto valor para cualquier estructura ilegal afectada por sus operativos.
Además, la proximidad con Venezuela añade una capa de complejidad geopolítica. Las rutas de escape hacia el vecino país y la posible connivencia de actores armados binacionales obligan a que la investigación tenga un componente transfronterizo, algo que hasta ahora ha sido la asignatura pendiente de la justicia colombiana en la zona.
El clamor por justicia y garantías
Mientras los féretros se preparan para el último adiós en la Catedral San José, la ciudadanía cucuteña exige respuestas. Marchas silenciosas, velatones en parques principales y pronunciamientos de la academia y la Iglesia Católica reclaman garantías para la participación política y el desmantelamiento real de las estructuras armadas que campan a sus anchas. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana solicitando medidas de protección inmediatas para los precandidatos a cargos de elección popular en el departamento.
El asesinato de Miguel Castellanos no es solo una nota roja más en la crónica judicial de Cúcuta; es un golpe directo al corazón de la institucionalidad democrática en la frontera. Su resolución —o su impunidad— marcará el tono de la contienda electoral de 2027 y definirá si la violencia sigue siendo el árbitro final de quién gobierna en esta tierra de nadie.
