Antecedentes del caso
Cartagena ha sido tradicionalmente un nodo logístico y turístico cuya actividad portuaria y su clima tropical generan una alta demanda de energía para procesos de refrigeración, especialmente en empresas dedicadas a la producción de hielo y productos congelados. En los últimos cinco años, la compañía distribuidora Afinia ha registrado un incremento de denuncias por presuntas irregularidades en el consumo eléctrico, lo que ha llevado a la creación de una unidad especializada en detección de fraudes dentro de su estructura operativa.
Detalles de la investigación actual
Según información manejada por fuentes internas de Afinia, la empresa inició una auditoría técnica en una planta hielera ubicada en el barrio industrial de Crespo después de detectar desviaciones significativas entre el consumo registrado y el esperado según los equipos instalados. Los técnicos de la distribuidora observaron que, pese a que la planta operaba con maquinaria de última generación, el registro de kilovatios‑hora mostraba un consumo inferior en aproximadamente el 40 % respecto al nivel esperado para su capacidad de producción.
Tras instalar equipos de medición complementarios y revisar los contratos de suministro, los investigadores identificaron presuntas manipulaciones en el medidor principal, incluyendo la posible instalación de dispositivos que alteran la señal de pulsos y la derivación parcial de la carga a redes internas no registradas. Estas prácticas, si se confirman, constituirían un delito de fraude bajo la normativa colombiana de servicios públicos.
Impacto económico y operativo
Las pérdidas estimadas por Afinia ascienden a más de 36 millones de pesos mensuales, lo que representa un impacto directo en los ingresos de la distribuidora y, por ende, en la tarifa que eventualmente podría ser trasladada a otros usuarios del sistema. Además, la empresa hielera enfrenta la posibilidad de sanciones que incluyen multas equivalentes al doble del valor defraudado, la suspensión temporal del suministro y la obligación de restituir la energía no pagada.
Desde el punto de vista operativo, la planta hielera podría ver afectada su capacidad de cumplimiento de pedidos a clientes del sector pesquero y de la industria de alimentos, lo que a su vez podría generar efectos en cadena en la cadena de suministro local.
Reacción de las autoridades y la empresa
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha sido notificada y ya abrió un proceso preliminar para determinar si existen indicios de conducta anticoncompetitiva o de lesividad a los usuarios finales. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación recibió copia del informe técnico y evalúa la posible apertura de una investigación penal por fraude a servicio público.
Por su parte, Afinia emitió un comunicado en el que reafirma su compromiso de garantizar la transparencia en el medición del consumo y anuncia la implementación de un plan de mejora que incluye la sustitución de medidores convencionales por equipos de telemedición avanzada en los clientes industriales de mayor riesgo.
Medidas preventivas y panorama futuro
Distribuidores de energía en la región Caribe están evaluando la adopción de sistemas de inteligencia artificial que analizan patrones de consumo en tiempo real, lo que permitiría detectar anomalías antes de que se traduzcan en pérdidas significativas. Asimismo, se están revisando los marcos regulatorios para aumentar las penas por fraude energético y facilitar el acceso a pruebas técnicas en procesos judiciales.
En el mediano plazo, se espera que la planta hielera de Cartagena, de ser hallada responsable, implemente un plan de corrección que incluya la auditoría externa de sus instalaciones eléctricas y la capacitación de su personal en buenas prácticas de consumo. Para Afinia, el caso servirá como referencia para reforzar sus protocolos de vigilancia y, potencialmente, reducir el índice de pérdidas técnicas y no técnicas en su zona de concesión, beneficiando tanto a la empresa como a los usuarios finales del servicio.
