Hechos ocurridos en un supermercado de Cúcuta
La tarde del 12 de octubre de 2026, un video grabado por testigos en un establecimiento comercial de la capital nortesantandereana comenzó a circular masivamente en redes sociales. En las imágenes se observa al concejal Carlos Dueñas empujando, insultando y menospreciando a un joven empleado que, según se conoció posteriormente, cursa estudios técnicos en el SENA. El cabildante, visiblemente alterado, llegó a exclamar «Vaya y mire quién soy yo», frase que de inmediato encendió la indignación ciudadana por su tono de prepotencia y abuso de autoridad.
Reacción en redes y presión política
La difusión del material generó una ola de rechazo transversal: usuarios de X (antes Twitter), Facebook e Instagram exigieron la renuncia inmediata del funcionario y solicitaron a la Corporación Municipal abrir una investigación disciplinaria. Hashtags como #DueñasFuera y #JusticiaParaElJoven se posicionaron en tendencia nacional durante varias horas. Organizaciones de derechos humanos, colectivos estudiantiles y veedurías ciudadanas emitieron comunicados condenando la agresión y recordando que ningún cargo público otorga inmunidad para vulnerar la dignidad de un trabajador.
Disculpas públicas y reconocimiento de responsabilidad
Horas después de la viralización, Dueñas publicó un video en su cuenta oficial donde reconoció plenamente los hechos. «Pedir disculpas no cambia lo que pasó, pero reconocer nuestros errores es el primer paso para hacer las cosas de manera diferente», declaró. El concejal admitió haber insultado, ofendido y empujado al joven, y aseguró haber solicitado perdón directo a la víctima y a su familia. «No importa quién soy ni el cargo que ocupo actualmente», enfatizó, en un intento por desmarcarse de la figura de impunidad que su primera reacción había proyectado.
Posibles consecuencias disciplinarias y legales
Fuentes cercanas al Concejo de Cúcuta confirmaron que la Mesa Directiva evalúa abrir un proceso ético-disciplinario que podría derivar en suspensión temporal o incluso la pérdida de la investidura, conforme al Código de Ética del Servidor Público. Simultáneamente, la Fiscalía General de la Nación anunció que analiza el material audiovisual para determinar si configura delitos de injuria, vía de hecho o abuso de autoridad, lo que abriría una vía penal independiente a la sanción política.
Contexto: antecedentes de intolerancia en la política local
El episodio no es un hecho aislado en la región. En los últimos tres años, al menos cuatro concejales de diferentes bancadas han sido investigados por actos de intolerancia, acoso laboral o uso indebido de recursos públicos. Analistas políticos consultados coinciden en que la cultura del «poder intocable» sigue permeando corporaciones públicas de segundo nivel, y que la ciudadanía cada vez más recurre a la viralización digital como mecanismo de control social ante la lentitud de las instancias formales.
Panorama futuro y exigencia de ciudadanía
Mientras el joven agredido recibe acompañamiento psicosocial del SENA y asesoría jurídica pro bono, la opinión pública mantiene la presión para que las sanciones sean ejemplarizantes y transparentes. La Procuraduría Regional ya solicitó el expediente completo del caso. De concretarse una destitución, se sentaría un precedente importante en el Norte de Santander: el de que el mandato popular no blinda a quien atenta contra la integridad de un ciudadano común. La próxima sesión del Concejo, programada para la semana entrante, será el termómetro definitivo de la voluntad política para romper el ciclo de impunidad.
