Una alianza sin precedentes para enfrentar la emergencia en el Chocó
El presidente de la República, Alberto De la Espriella, anunció este martes una donación histórica de 200.000 millones de pesos por parte del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, destinada íntegramente a la atención de las víctimas y la reconstrucción de la infraestructura destruida por el terremoto que sacudió a Quibdó y municipios aledaños en el departamento del Chocó. El mandatario calificó el gesto como «un acto de solidaridad nacional que marca un antes y un después en la relación entre el Estado y el sector privado frente a las catástrofes naturales».
El sismo que paralizó al Pacífico colombiano
El movimiento telúrico, ocurrido en la madrugada del pasado domingo, alcanzó una magnitud de 6,8 grados en la escala de Richter con epicentro en zona rural del municipio de Medio San Juan, a pocos kilómetros de la capital chocoana. El temblor, sentido con fuerza en Medellín, Cali, Pereira y hasta en Bogotá, dejó un saldo preliminar de 12 fallecidos, más de 300 heridos y cerca de 15.000 damnificados, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Las imágenes aéreas revelan un panorama desolador: el 80 % de la infraestructura hospitalaria de Quibdó quedó inoperativa, al igual que sedes educativas, acueductos, plantas de tratamiento de aguas residuales y la red vial terciaria que comunica a las comunidades ribereñas del río Atrato. Las réplicas, que superan las 150 en las últimas 48 horas, mantienen a la población en alerta máxima y dificultan las labores de rescate.
El perfil de los donantes: una dinastía bancaria comprometida con el país
Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente del Grupo Aval y una de las fortunas más grandes de América Latina, ha mantenido históricamente un bajo perfil filantrópico público, centrando sus aportes a través de la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo en educación, salud y desarrollo rural. Su esposa, Fanny Gutiérrez, ha liderado personalmente programas de primera infancia en regiones apartadas. Esta donación —la más grande de un particular en la historia reciente de Colombia para una emergencia— representa aproximadamente el 0,8 % del patrimonio familiar estimado, según rankings financieros internacionales.
«No es un cheque, es un compromiso de vida», declaró la señora Gutiérrez al recibir el reconocimiento en la Casa de Nariño. «Hemos trabajado con las comunidades del Chocó durante dos décadas; conocemos sus carencias estructurales y sabemos que este terremoto no hizo más que exponer la vulnerabilidad histórica de la región».
Mecanismos de transparencia y ejecución de los recursos
Para evitar los cuestionamientos que han empañado gestiones anteriores —como los recursos de la Ley 21 de 1982 tras el terremoto de Popayán o los fondos del Fondo Nacional de Calamidades en la ola invernal de 2010-2011—, el Gobierno creó un Fideicomiso de Reconstrucción del Chocó administrado por la Fiduprevisora, con veeduría de la Contraloría General, la Procuraduría y una comisión de veedores ciudadanos elegidos por las juntas de acción comunal de los municipios afectados.
Los recursos se ejecutarán en tres fases: emergencia humanitaria (0-30 días) —kits de vivienda temporal, agua potable, brigadas médicas y seguridad alimentaria—; estabilización (1-6 meses) —reparación de hospitales, escuelas y acueductos—; y reconstrucción resiliente (6-24 meses) —vivienda definitiva con criterios sismorresistentes, vías terciarias pavimentadas y fortalecimiento de la gobernanza local del riesgo.
Antecedentes sísmicos y deuda histórica con el Chocó
El Chocó registra la mayor actividad sísmica del país por la interacción de las placas de Nazca, Caribe y Sudamericana. Solo en el siglo XXI han ocurrido eventos destructivos en 2004 (Bahía Solano), 2013 (Nóvita) y 2018 (Bajo Baudó), sin que se consolidara un plan de ordenamiento territorial que redujera la exposición. A ello se suma que el 68 % de la población vive en pobreza multidimensional (DANE 2023) y la inversión pública per cápita es la más baja de Colombia.
«Este terremoto no es una sorpresa geológica, es una crónica de una tragedia anunciada por la ausencia de Estado», afirmó la senadora chocoana María José Pizarro. «La donación de los Sarmiento es bienvenida, pero no puede sustituir la obligación constitucional de garantizar derechos fundamentales en el territorio».
Reacciones políticas y panorama fiscal
El Congreso de la República citó a debate de control político al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para que explique cómo se articularán los 200.000 millones privados con los 1,2 billones de pesos que el Gobierno anunció para la emergencia, provenientes de vigencias futuras, reasignación del Presupuesto General de la Nación y eventuales créditos multilaterales. La oposición advierte sobre el riesgo de doble contabilización de recursos y exige un plan de metas medibles con hitos trimestrales.
Entretanto, la Andi, Fenalco y la Cámara Colombiana de la Construcción anunciaron la conformación de un «Fondo Empresarial por el Chocó» que busca replicar el modelo de donación directa con contrapartida técnica, sumando inicialmente 350.000 millones de pesos de una treintena de compañías.
Retos logísticos y voces desde el territorio
En terreno, la operación humanitaria enfrenta cuellos de botella críticos: el aeropuerto El Caraño opera al 40 % de su capacidad por daños en la pista, el puerto fluvial de Quibdó colapsó por la acumulación de ayuda no clasificada y la única vía terrestre pavimentada —la ruta Quibdó-Medellín— presenta 17 puntos de derrumbe activos. La Fuerza Aérea y la Armada han desplegado 12 helicópteros y 8 lanchas rápidas, pero las comunidades indígenas y afrodescendientes de la ribera del Atrato denuncian que la ayuda no llega a los corregimientos más apartados.
«Llevamos tres días comiendo plátano maduro y agua de lluvia», relató Aurelio Mosquera, líder comunitario de Unión Chocó, a seis horas de lancha de la cabecera municipal. «Necesitamos que la plata de los Sarmiento y del Gobierno se convierta en zinc, cemento y manos de obra local, no en contratos para empresas de Bogotá que no conocen el territorio».
Hacia una nueva arquitectura de riesgo
Expertos en gestión del riesgo coinciden en que la coyuntura obliga a repensar la Ley 1523 de 2012, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo pero adolece de financiación estable y dientes para sancionar a municipios que no actualicen sus planes de ordenamiento. El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, anticipó que presentará al Congreso una reforma que incluya un seguro paramétrico nacional contra terremotos, financiado con regalías y aportes del sector asegurador, para garantizar liquidez inmediata sin depender de la discrecionalidad presupuestal.
Mientras el debate institucional avanza, en Quibdó las carpas blancas del UNHCR y la Cruz Roja se multiplican en los parques y canchas de fútbol. La donación de los Sarmiento Angulo-Gutiérrez —que ya tiene asignados 50.000 millones para la primera fase— representa un respiro vital, pero también un recordatorio de que la resiliencia del Chocó no puede seguir dependiendo de la generosidad privada, por generosa que sea.
