El hecho trágico
En la madrugada del 30 de julio de 2026, en el municipio de Bucaramanga, Santander, un conflicto originado por una deuda de 15 mil pesos culminó en un acto de violencia extrema que dejó un saldo mortal y secuelas devastadoras para una familia.
Según el informe preliminar de la Policía Nacional, el agresor identificado como Juan Pérez, de 38 años, llegó al domicilio de la pareja tras varios intentos fallidos de cobro. Tras un intercambio de palabras, Pérez sacó un arma de fuego y disparó contra el esposo, Carlos Gómez, de 42 años, quien murió en el acto. La esposa, María López, de 39 años, recibió un impacto en la columna cervical que la dejó con lesiones medulares graves, provocando cuadriplejia y requiriendo su ingreso inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Santander.
Antecedentes y contexto de violencia por deudas
Este episodio no es un caso aislado dentro del departamento. En los últimos cinco años, la Fiscalía de Santander ha registrado un aumento del 22 % en denuncias relacionadas con agresiones físicas derivadas de impagos de préstamos informales, conocidos localmente como “gota a gota”. Expertos en seguridad ciudadana atribuyen este alza a la precariedad económica que afecta a sectores vulnerables y a la ausencia de mecanismos formales de mediación de deudas.
Según un estudio realizado por la Universidad Industrial de Santander en 2024, el 68 % de los conflictos violentos en zonas urbanas del norte del país se originan en disputas por sumas inferiores a 50 000 pesos, lo que evidencia cómo pequeñas obligaciones financieras pueden escalar a situaciones de riesgo letal cuando no existen canales de diálogo o apoyo institucional.
En el caso específico de Pérez y Gómez, fuentes policiales indican que la deuda se originó hace aproximadamente ocho meses, cuando Gómez recibió un préstamo para cubrir gastos médicos de un familiar. Los intentos de pago fueron esporádicos y, según testigos, el acreedor había aumentado la presión mediante llamadas y visitas intimidatorias en las semanas previas al crimen.
Repercusiones legales y sociales
Tras el hecho, Juan Pérez fue detenido por agentes de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Se le imputan los delitos de homicidio agravado, lesiones personales gravísimas y porte ilegal de armas de fuego. Si es declarado culpable, podría enfrentar una pena que oscila entre 25 y 40 años de prisión, conforme al artículo 103 del Código Penal colombiano.
La víctima fallecida, Carlos Gómez, fue velado en su comunidad del barrio La Lourdes, donde vecinos expresaron su consternación y exigieron mayor presencia policial y programas de educación financiera que prevengan este tipo de conflictos. Asimismo, organizaciones de derechos humanos han solicitado a la Alcaldía de Bucaramanga la creación de una unidad especializada en mediación de deudas informales, inspirada en modelos exitosos de otras ciudades latinoamericanas.
En cuanto a María López, su estado de salud sigue siendo crítico. Los médicos del Hospital Universitario indican que, aunque ha estabilizado sus funciones vitales, la lesión medular es permanente y requerirá rehabilitación intensiva y adaptaciones en su entorno familiar. Se ha lanzado una campaña de solidaridad en redes sociales para recaudar fondos destinados a su tratamiento y a la adquisición de equipos de movilidad.
Las autoridades locales anunciaron que, además de la investigación penal, se abrirá un proceso administrativo para evaluar eventuales omisiones en la prevención de violencia intrafamiliar y en el control de armas ilegales en la zona. Se espera que los resultados de dicha investigación se den a conocer en los próximos meses y puedan derivar en reformas operativas de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
El caso ha reavivado el debate nacional sobre la necesidad de fortalecer el acceso al crédito formal y de combatir los préstamos informales que, aunque brindan liquidez inmediata, exponen a los deudores a situaciones de extorsión y violencia. Legisladores del Congreso han anunciado la presentación de un proyecto de ley que regule las tasas de interés y establezca mecanismos de conciliación obligatoria antes de proceder a acciones de cobro coercitivo.
