Un giro en la política fiscal: la propuesta de Daniel Briceño
En un movimiento orientado a la simplificación financiera y el alivio de la carga tributaria para los ciudadanos, el congresista Daniel Briceño ha radicado formalmente un proyecto de ley que busca transformar la estructura del actual impuesto al 4×1000 en Colombia. La iniciativa legislativa propone, de manera puntual, la exención total de este gravamen en todas las transacciones y transferencias de fondos que se realicen entre cuentas pertenecientes a un mismo titular.
Esta propuesta surge en un contexto de transformación digital acelerada, donde el comportamiento financiero del colombiano promedio ha mutado drásticamente. La dependencia de las transferencias electrónicas ha desplazado al efectivo en múltiples sectores de la economía, lo que convierte al actual impuesto en un obstáculo para la movilidad financiera de quienes gestionan diversos productos bancarios o billeteras digitales.
El impacto de la digitalización y la fragmentación bancaria
Históricamente, el impuesto al 4×1000, técnicamente conocido como Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), fue diseñado para gravar las transacciones de retiro de efectivo con el fin de mitigar la evasión de impuestos y controlar la circulación de capitales. Sin embargo, con el auge de las fintech y las billeteras digitales como Nequi o Daviplata, muchos usuarios han optado por fragmentar su capital en distintas plataformas para optimizar sus ahorros o acceder a diferentes servicios.
Bajo el esquema actual, un ciudadano que decide mover su propio dinero de una cuenta de ahorros tradicional a una billetera digital —realizando una transferencia de su propia propiedad— se ve obligado a asumir un costo fiscal que, aunque porcentualmente pequeño, impacta el ahorro acumulado de millones de hogares. Briceño argumenta que mantener este cobro en movimientos internos del mismo titular es una injusticia financiera que castiga la gestión eficiente del dinero personal.
Contexto y panorama futuro del impuesto al 4×1000
La discusión sobre la eliminación o reducción del GMF no es nueva en el Congreso de la República. En años anteriores, diversos sectores económicos han abogado por su supresión debido al efecto inflacionario y al costo de transacción que representa para el consumo. No obstante, el recaudo que genera este impuesto es una pieza fundamental en las finanzas públicas del Estado colombiano, lo que plantea un desafío técnico de gran envergadura para el proyecto de ley presentado.
Si la propuesta de Briceño avanza hacia el debate en las comisiones correspondientes, el Congreso deberá evaluar no solo el beneficio directo al bolsillo de los ciudadanos, sino también la brecha fiscal que dejaría el Estado al perder este flujo de ingresos. Si se aprueba, el panorama para la banca y las billeteras digitales sería de una mayor fluidez operativa, fomentando que los usuarios mantengan saldos más altos en sus cuentas digitales sin temor a la erosión de sus capitales por concepto de impuestos.
El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de los legisladores para encontrar un equilibrio entre la justicia económica para el contribuyente y la estabilidad de las finanzas públicas necesarias para el funcionamiento del aparato estatal.
