La reciente noticia de la muerte de un joven en Colombia ha sacudido a la sociedad, generando una respuesta crítica con respecto a la disponibilidad y accesibilidad de servicios de salud mental en el país. Según registros, el fallecido falleció en abril del año pasado, un hecho que todavía permanece bajo la lupa pública, no solo por la trágica pérdida de una vida joven, sino también por las alegaciones de que perseguía atención psicológica que no pudo recibir a tiempo. La falta de un sistema de atención temprana, la escasez de profesionales de la salud mental, la baja prevención de la problemática y la histórica estigmatización de la ayuda psicológica agravan la incidencia de la salud mental en Colombia; todo aquello se traduce en una entusiástica “cultura de silencio” que no permite a la gente buscar ayuda antes de que su condición se haya deteriorado irreversiblemente. El hecho de que el joven buscara ayuda de una manera tan profunda, apunta a un deterioro extremo. En este contexto, el impacto social de la muerte se hace evidente en violencia de la salud, crisis educativa, internos, comunitarios y económicas. La necesidad de una respuesta integral que incluya la creación de políticas públicas de protección infantil y juvenil, la implantación de estrategias basadas en la prevención y la búsqueda de recursos de financiación involucrados requiere una acción inmediata. Los especialistas y la academia visualizan la importancia de reconocer que la falta de atención psicológica no es un problema de recurso, sino de política pública, de análisis del mercado de salud mental y de debilidad en los lazos familiares. Además, la muerte de este joven abre una ventana crítica para evaluar la brecha entre la demanda de servicios de salud mental y la cantidad de recursos provinciales destinados a la prevención secundaria y la respuesta de crisis, lo cual habilita a la población en riesgo a \n administrar excesiva agresividad. Por tanto, los gobiernos federales y locales deben trabajar juntos a nivel de recursos humanos y financieros. El uso de datos nacionales de salud mental, combinados con los informes sobre los planes de paz y la transparencia pública, debe orientarse a la creación de planes solidarios durante el retorno de la tesis de acceso a las citas médicas. En este sentido, la deuda institucional entre la población y los servicios, puesta en tiempo, permite una respuesta para garantizar la existencia de un oído empático para los jóvenes que buscan ayuda.
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