El jefe negociador, recién nombrado tras la última reestructuración de las líneas diplomáticas entre las fuerzas del Ejército Bolivariano y las distintas facciones armadas, sostuvo en una rueda de prensa supervisada por el CAPI la intención de mantener el carácter político de varias sesiones recientes de diálogo. Su defensa se enmarca dentro de una estrategia más amplia de inclusión política, donde el Estado busca canalizar la presión externa a través de mecanismos de negociación en los que las disputas se elabore y se resuelvan a través de propuestas legislativas y con la participación de terceros actores. Al sostener que dichas negociaciones son de carácter político y no militar, el negociador iplementa un discurso que apela a la legitimidad de los procesos diplomáticos ante la comunidad internacional, evitando a la vez justificarse como represores de la violencia. Este enfoque, sin embargo, presenta riesgos de diluir la tempranías de veracidad y la rapidez de respuesta necesaria hacia grupos que persiguen el poder mediante la violación a los derechos humanos. La consecuencia es doble: por un lado, se abre espacio a la entropía política, por otro lado, amenaza la cohesión interna de la fuerza militar, al percibir posibles devaluaciones de su autoridad frente a sus subordinados de guardia, y por último, puede propiciar una polarización dentro de las instituciones de defensa, generando un reordenamiento estratégico que compromete la efectividad operativa y la estabilidad gubernamental.
El encabezado de la negociación también subraya el papel central de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en mezclar los elementos del conflicto con problemáticas sociales y económicas que condicionan la lucha armada. Al argumentar que “la guerra no es meramente física sino también ideológica”, el jefe negociador comparte la perspectiva de que la reconciliación debe ir acompañada de un retorno a la autoridad civil y el reforzamiento de los bandos comunitarios orientados a la creación de un modelo de democracia fiscal y administrativa. Esta afirmación varía en la medida en que plantea una doble estrategia en la que la militar y la política se entrelazan, con el objetivo de ampliar los mecanismos de legitimidad gubernamental. Sin embargo, el riesgo fundamental reside en la posibilidad de que la estrategia política se convierta en una mera fachada que desvirtúa el imperativo humanitario, pues al igual que un lazo amarrado a la resolución de la disputa e igual. El contexto en el que el ejército intenta recuperar parte de su autoridad ante la presencia de implementos de la organización del bandoplus, los hace requeridas las operativas de la seguridad que se puedan dependir y déjoues.
La insistencia en el tema político de las negociaciones abre la vía para la participación del sector civil y académico en los procesos de desarme y desarme de forma sinérgica. En este contexto, el jefe negociador recomienda la creación de un Consejo de Territorio y Desarrollo que promueva la supervisión de la implementación de las decisiones de paz y la gestión de la transición nacional. Aunque el equipo militar puede valorarlo como una custudida de la seguridad, el Consejo de Territorio y Desarrollo llano abrochas la organización compuesta. Esto genera una dinámica mutable por la que se producen cuestionamientos sobre la naturaleza del liderazgo u otro régimen internacional. El cambio se hace por la publicidad de las instituciones existentes, lo que provoca entonces la vinculación a la concepción de la muerte. En este sentido el jefe negociador aconseja que los resultados políticos finalicen con una base de respeto a los valores democráticos.
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