Colombia, que alguna vez destacó por tener el mejor manejo macroeconómico del siglo pasado —sin incumplimientos de deuda ni hiperinflación— enfrenta hoy una delicada situación fiscal. El proyecto oficial plantea un incremento de recaudo de 38 billones de pesos para 2027, aunque el autor considera que el punto de partida es un país agobiado por impuestos.
El Centro Democrático, junto a reconocidos consultores, busca nuevas fuentes de ingresos. Hasta ahora identifican cerca de 10.5 billones provenientes de cobros y aumentos a cervezas, vinos, licores, cigarrillos y asimilados; juegos de azar y apuestas nacionales e internacionales; paquetes de menos de 200 dólares (con IVA y arancel si el origen no tiene tratado comercial); vehículos eléctricos e híbridos; y la reducción de gastos de las cajas de compensación familiar. Se suma el cobro de IVA a la vivienda turística, la normalización de activos no declarados y el recaudo de acreencias por la Dian y la UGPP.
Otros analistas estiman que el ahorro en gastos y la venta de activos podría alcanzar 50 billones, destinados íntegramente a pagar deuda. Se señala un exceso de ministerios, embajadas, consulados, fondos y fiduciarias, junto con duplicidades y entidades que desbordan su objeto social. Aún falta vender la participación nacional en diez electrificadoras departamentales. Se propone reducir a la mitad los costos de asesores del Congreso, unificar la administración de las dos cámaras y eliminar las contralorías territoriales.
Sumando nuevos ingresos y ahorros, para 2027 faltarían 21 billones, cifra a la que se suma la necesaria disminución de impuestos para estimular al sector privado. La carga tributaria en Colombia llega al 72%, frente al 34% de Chile, lo que resta competitividad e inversión.
Se estudia quitar, reducir y simplificar impuestos y emitir bonos transitorios para compensar necesidades de caja. Se propone eliminar el impuesto al patrimonio y al timbre, reducir los dividendos del 20% al 10% y convertir el 4×1000 y el ICA en impuestos descontables, lo que fomentaría la formalización sin afectar la exención sobre cuentas de ahorro. Como medida compensatoria, el Dr. Santiago Pardo sugiere que los contribuyentes de altas utilidades suscriban bonos negociables como anticipo de impuestos.
El autor advierte sobre el catastro confiscador en varias regiones y plantea que la sostenibilidad de nuevos costos laborales depende de alivios tributarios y del crecimiento económico. Concluye que la inversión minero-energética no bastará: la rebaja de impuestos y la garantía de estabilidad son esenciales para que crezcan todos los sectores, bajo la idea de una «economía fraterna». El texto es un aporte a la discusión firmado por Álvaro Uribe Vélez.









