El presidente Abelardo De La Espriella participó este sábado en Medellín en un evento de entrega de cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado de la región. Aprovechó la ocasión para lanzar duras críticas al Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las Farc, a pocas semanas de cumplirse diez años de su firma. El mandatario afirmó que el balance de la implementación del tratado no es positivo, ya que los victimarios no han cumplido con lo pactado y las víctimas siguen sin reparación.
De La Espriella sostuvo que haber firmado acuerdos o haberse desmovilizado no libera a los exguerrilleros de sus obligaciones ni justifica que el pueblo colombiano asuma toda la carga económica de sus crímenes. Reafirmó su rechazo al que llamó «mal llamado Acuerdo de Paz de La Habana» y señaló como una de sus principales objeciones la insuficiente reparación material de las víctimas.
Para respaldar sus afirmaciones, el presidente citó datos de la Contraloría. De los $12.070 millones en efectivo que las antiguas Farc declararon tener, solo se han entregado poco más de $2.100 millones. De los 51.992 muebles y enseres reportados, el Estado solo cuenta con 1.830; de 722 bienes inmuebles, únicamente se entregó uno; y de 319 unidades de transporte, solo 31 pasaron a administración estatal. De La Espriella calificó como graves estas deficiencias en la entrega, recuperación y administración de bienes, y exigió explicaciones y responsabilidades ante la enorme distancia entre lo inventariado y lo recuperado. Anunció que su gobierno empleará todos los instrumentos legales para perseguir los bienes de los victimarios y destinarlos a reparar a las víctimas.
El presidente también arremetió contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que acusó de servir solo para crear burocracia y financiar viajes y grandes equipos de sus miembros. Afirmó que con ese dinero se podría haber reparado a los ocho millones de víctimas que faltan, y destacó que en los primeros cien días de su gobierno entregó 15.926 indemnizaciones administrativas y ordenó 11.924 pagos parciales por decisiones judiciales.
La JEP atraviesa dificultades presupuestarias: sufrió un recorte de $170.000 millones aprobado por el Congreso y debe definir cómo operará el próximo año con menos recursos. Desde el oficialismo se cuestionan los gastos de sus magistrados, e incluso el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) presentó una iniciativa para que el tribunal deje de operar desde 2028, la cual se hundió por falta de tiempos, aunque el partido prometió volver a radicarla.









