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‘La gran deuda de la implementación es la no repetición de la violencia’: Juanita Goebertus sobre los 10 años del Acuerdo de Paz

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch y excoordinadora de justicia transicional durante las negociaciones de La Habana, evalúa a diez años del Acuerdo de Paz el cumplimiento del pacto entre el Estado colombiano y las antiguas FARC.

Sobre el cumplimiento, responde que fue «en parte sí y en parte no». Reconoce como exitoso el fin del conflicto armado y la dejación de armas de unos 13.000 excombatientes, verificada rigurosamente por Naciones Unidas. Sin embargo, señala que el Estado no ocupó rápidamente los territorios abandonados ni garantizó seguridad, justicia y servicios básicos. Esos espacios quedaron en disputa entre grupos de crimen organizado, lo que explica el resurgimiento de la violencia y el retorno a cifras similares a las de la firma del acuerdo. Aclara que la culpa no es del Acuerdo: entre 2000 y 2017, la combinación de política de seguridad y de paz produjo los mejores resultados en homicidios, secuestros, desplazamientos y desapariciones. Considera el punto uno, sobre desarrollo rural, como el más importante y la gran deuda pendiente, pues persiste una brecha brutal entre campo y ciudad.

En derechos humanos, afirma que la situación no mejoró. Entre 2022 y 2025 el reclutamiento de menores se cuadruplicó; habría más de 28.800 personas en grupos armados (un aumento del 90 %); más de 125.000 desplazados entre enero y septiembre, y las víctimas de minas antipersona crecieron 38 %. Los ataques con drones aumentaron drásticamente.

Critica a los gobiernos: Duque perdió su administración oponiéndose al acuerdo, y Petro desplazó políticamente la implementación al volcarse en la «paz total», negociando con más de veinte grupos simultáneamente, lo que considera un error que erosionó el dividendo de paz.

Sobre la JEP, valora avances importantes, como las condenas a excomandantes de las FARC y a militares por «falsos positivos» como crímenes de guerra y de lesa humanidad, algo inédito en Colombia. Reconoce que los procesos son lentos por su complejidad, pero advierte que el gran reto es que las condenas se traduzcan en sanciones efectivas, con el componente restaurativo y retributivo de cinco a ocho años de restricción de la libertad. Rechaza recortar ese periodo y defiende respetar lo pactado.

Finalmente, sobre el enfoque de seguridad del gobierno de De La Espriella, expresa preocupación por caracterizar al crimen organizado como partes en conflicto y por la teatralización en capturas, que asemeja a políticas de Bukele o Trump y abre la puerta a violaciones de derechos humanos. Insiste en la necesidad de investigaciones de alto nivel para judicializar a los máximos responsables.

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