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Crisis energética en el Caribe: clínicas privadas acumulan deuda de $16.000 millones con Air-e mientras la empresa insiste en garantizar el suministro

Una deuda millonaria que pone en jaque la estabilidad del sistema de salud costeño

El sector salud del Caribe colombiano enfrenta una silenciosa pero profunda crisis financiera que amenaza la operatividad de decenas de instituciones médicas. Según revelaciones recientes, un grupo de clínicas y hospitales privados mantiene obligaciones pendientes por más de 16.000 millones de pesos con la empresa de energía Air-e, situación que expone la fragilidad económica de los prestadores de servicios de salud en la región y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo actual.

La Guajira, el epicentro del impago con más de $6.590 millones adeudados

El departamento de La Guajira concentra la porción más abultada de esta mora, con saldos que superan los 6.590 millones de pesos. Esta cifra no es casual: la península guajira arrastra históricos problemas de recaudo, altos índices de pobreza y una infraestructura energética deficitaria que encarece la prestación del servicio. Las instituciones de salud locales, muchas de ellas de mediana y baja complejidad, operan con márgenes mínimos y dependen en gran medida de los giros del sistema general de seguridad social en salud, los cuales suelen llegar con retrasos significativos.

En Barranquilla, la Clínica San Ignacio figura entre los deudores destacados, al igual que la Clínica El Prado en Santa Marta. Ambos centros son referentes regionales en atención de alta complejidad y su inclusión en el listado de morosos subraya que el problema no distingue entre tamaños ni niveles de complejidad, sino que es transversal al gremio.

Air-e: entre la obligación contractual y la supervivencia financiera

Desde la compañía distribuidora, que opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, se ha emitido un mensaje de tranquilidad pública: el suministro eléctrico no se suspenderá a pesar de los saldos pendientes. La decisión responde a una mezcla de obligaciones regulatorias —la energía es un servicio público esencial y su corte a instituciones de salud requiere trámites excepcionales y autorizaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos— y de estrategia corporativa. Air-e, que asumió la operación en la región tras la salida de Electricaribe en 2020, arrastra su propia crisis financiera heredada, con pérdidas acumuladas, altos índices de pérdidas técnicas y no técnicas, y una tarifa que no cubre los costos reales de operación.

La empresa ha insistido en que garantiza la continuidad del servicio mientras adelanta gestiones de cobro y acuerdos de pago. Sin embargo, fuentes del sector energético advierten que la mora de grandes consumidores como las clínicas erosiona la caja de la compañía y limita su capacidad de inversión en mantenimiento y modernización de redes, lo que a mediano plazo redunda en peor calidad del servicio para todos los usuarios.

Antecedentes: una cadena de pagos rota desde la reforma a la salud

El fenómeno no es nuevo ni ajeno a la coyuntura nacional. Desde la implementación de la Ley 100 de 1993 y las sucesivas reformas al sistema de salud, los prestadores han denunciado sistemáticamente la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los retrasos en los giros de las EPS y el no reconocimiento de servicios no incluidos en el plan de beneficios. La pandemia de COVID-19 agravó el cuadro: los costos operativos se dispararon por la adquisición de elementos de protección, la readecuación de áreas y el pago de horas extra, mientras los ingresos se contraían por la suspensión de cirugías electivas y consultas externas.

En el Caribe, la situación se ve agravada por factores estructurales: altas tasas de informalidad laboral que reducen la base de cotizantes, migración venezolana que presiona la demanda sin aporte correspondiente al sistema, y una red hospitalaria pública debilitada que deriva pacientes al sector privado sin la respectiva contraprestación económica.

Consecuencias directas: riesgo para la atención y tensión en la cadena de proveedores

El impago de la energía es apenas la punta del iceberg. Las clínicas que deben a Air-e suelen arrastrar deudas con proveedores de insumos, laboratorios, empresas de aseo y seguridad, y talento humano. Los retrasos en el pago de nóminas y honorarios médicos generan rotación de personal, afectan la calidad asistencial y fomentan la judicialización de la relación laboral. Además, la imposibilidad de invertir en tecnología y mantenimiento de equipos médicos reduce la capacidad resolutiva de las instituciones, obligando a remitir pacientes a otras ciudades y encareciendo el sistema.

Desde el gremio de ACHC (Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas) y Asoclinicas se ha advertido que, sin una intervención estructural que incluya ajuste real de la UPC, pago oportuno de cartera por parte de las EPS y mecanismos de alivio financiero para las deudas de servicios públicos, se avecina una ola de cierres y liquidaciones en la región Caribe.

Panorama futuro: ¿salida negociada o colapso sistémico?

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, ha anunciado mesas de trabajo para abordar la crisis de liquidez del sector. Entre las propuestas sobre la mesa figuran: acuerdos de pago a largo plazo con condonación de intereses moratorios para deudas de servicios públicos, líneas de crédito blandas a través de Findeter o el Banco Agrario, y la revisión de la metodología de cálculo de la UPC para 2025.

Por su parte, la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) evalúa esquemas de tarifa diferencial para consumidores estratégicos del sector salud, aunque cualquier ajuste tarifario requiere estudios técnicos y audiencias públicas que dilatan su implementación.

Mientras tanto, Air-e mantiene su posición: no habrá cortes masivos a clínicas, pero exige compromisos de pago reales y verificables. La pelota está en la cancha de las EPS, las secretarías de salud departamentales y el Ministerio de Hacienda, que deben asegurar el flujo de recursos para que la cadena de pagos no se rompa en el eslabón más débil: la institución que atiende al paciente en la cama de urgencias.

La salud no puede esperar a que cuadren las cuentas

La deuda de 16.000 millones de pesos no es solo un número contable; es el síntoma de un sistema que financia la salud con cheques posfechados. Cada día que una clínica no paga su factura de energía, está decidiendo —forzosamente— entre encender los respiradores en la UCI o pagar la nómina de enfermería. Esa disyuntiva no debería existir en un país que consagra la salud como derecho fundamental. La solución requiere voluntad política, rigor técnico y, sobre todo, la comprensión de que sin prestadores solventes no hay sistema de salud posible.

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