El doble crimen de Soledad que estremeció al Caribe
La madrugada del domingo 8 de noviembre marcó un antes y un después en la percepción de la seguridad para las mujeres en el departamento del Atlántico. En el barrio Terranova II, del municipio de Soledad, Morelhith Blanco Cisneros, de 36 años, y su hija de apenas 14 años, fueron asesinadas a bala dentro de su propia vivienda. La brutalidad del ataque, perpetrado en horas de la madrugada cuando las víctimas deberían estar a salvo, trascendió lo anecdótico para convertirse en el símbolo más cruel de una crisis que las organizaciones sociales llevan meses denunciando: la ineficacia del Estado para proteger la vida de las mujeres.
Lejos de ser un hecho aislado, este doble feminicidio funciona como la punta de iceberg de una estadística que hiela la sangre. Según los registros consolidados por veedurías ciudadanas y observatorios de género, el departamento acumula 72 asesinatos de mujeres en lo que va corrido del año, una cifra que supera con creces los registros históricos de la última década y que ubica a la región Caribe como uno de los epicentros de la violencia basada en género en el territorio nacional.
La fractura en las medidas de protección
El clamor de las organizaciones no se limita al dolor por las vidas perdidas; apunta directamente a la arquitectura normativa diseñada para prevenirlas. Voceras como Ruth Pareja, reconocida líder en la defensa de los derechos humanos en la región, y la exdiputada Alejandra Moreno, han elevado la voz para cuestionar la operatividad real de las rutas de atención y las medidas de protección ordenadas por las comisarías de familia y los jueces de la República.
«No basta con firmar un papel de medida de protección si no hay un policía asignado, si no hay un botón de pánico funcional, si la patrulla no llega a tiempo o si el agresor conoce la ruta de la víctima mejor que las autoridades», denunció Pareja durante una rueda de prensa urgente convocada tras el crimen de Soledad. La dirigencia femenina argumenta que existe una brecha abismal entre el marco legal —considerado de los más avanzados de Latinoamérica— y la realidad operativa en los municipios del área metropolitana y la zona rural del departamento.
Antecedentes: Una escalada anunciada
Este estallido social no surge de la nada. Durante los dos últimos años, los observatorios de feminicidios han documentado un patrón sistemático: el 60% de las víctimas tenían denuncias previas por violencia intrafamiliar y, en al menos un tercio de los casos, existían medidas de protección vigentes al momento del crimen. El caso de Blanco Cisneros no escapa a esta lógica; vecinos y allegados han señalado en redes sociales y ante medios locales la existencia de amenazas previas y un contexto de hostigamiento que, de haber activado los protocolos de alto riesgo con celeridad, podría haber alterado el desenlace fatal.
La exdiputada Moreno, desde su experiencia legislativa, ha advertido que el presupuesto asignado a la Secretaría de la Mujer y a las comisarías de familia ha sufrido recortes o ejecuciones tardías, lo que se traduce en falta de psicólogas, abogadas y vehículos para la verificación de riesgos. «La institucionalidad está diseñada para reaccionar, no para prevenir», sentenció Moreno, exigiendo una auditoría forense a los recursos destinados a la prevención de violencias basadas en género en la vigencia actual.
El panorama judicial y la impunidad estructural
Otro flanco crítico que denuncian las organizaciones es la impunidad. Datos extraoficiales sugieren que menos del 20% de los 72 casos registrados este año tienen capturados o condenados. La lentitud en la judicialización, la pérdida de cadenas de custodia en los cuerpos de las víctimas y la revictimización de las familias durante los procesos penales configuran un escenario donde el agresor percibe, con razón, que el costo de matar a una mujer es casi nulo.
El caso de Soledad ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que ha desplegado un equipo especializado de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, las líderes exigen que la investigación no se centre solo en los autores materiales, sino que indague la responsabilidad por omisión de funcionarios públicos que pudieron haber activado rutas de salvaguarda y no lo hicieron.
Hoja de ruta: Exigencias inmediatas y estructurales
El pliego de peticiones entregado a la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Soledad y el Ministerio del Interior contempla cinco ejes urgentes: 1. Declaratoria de Alerta de Género departamental para movilizar recursos extraordinarios; 2. Auditoría inmediata a todas las medidas de protección activas con verificación física de su cumplimiento; 3. Fortalecimiento presupuestal y de planta de personal para las Comisarías de Familia; 4. Creación de un ‘Escudo de Protección’ interinstitucional (Policía, Fiscalía, Medicina Legal, ICBF, Secretarías de la Mujer) con protocolos de reacción en menos de 2 horas ante alertas de alto riesgo; y 5. Garantías de no repetición y reparación integral para las familias de las 72 víctimas.
Mientras las instituciones estudian la viabilidad jurídica y financiera de estas exigencias, en Terranova II y en decenas de barrios del Atlántico, el miedo se ha instalado como un habitante más. Las mujeres exigen que el nombre de Morelhith y su hija no se conviertan solo en una estadística más del observatorio, sino en el punto de inflexión que obligue al Estado a dejar de contar muertes y empezar a garantizar vidas.
