Una cita clave en el Caribe para desenredar el nudo energético
El Congreso de la República trasladó este miércoles su escenario legislativo a Barranquilla para instalar una audiencia pública de alto voltaje político y técnico. La Comisión Quinta del Senado, citada por iniciativa del congresista Camilo Torres Villalba, del movimiento Puro Colombia, reúne en la capital del Atlántico a la cúpula del Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) con un mandato claro: presentar un cronograma de compromisos concretos para atender la emergencia que viven los usuarios del Caribe colombiano.
La sesión, que se desarrolla en las instalaciones de la Asamblea Departamental, no es un trámite burocrático más. Es la respuesta institucional más contundente hasta la fecha ante el clamor de millones de hogares y empresas que, desde hace años, enfrentan tarifas de energía entre las más altas del país, mientras ven deteriorarse la calidad del servicio y crecer la incertidumbre sobre la viabilidad financiera de los dos grandes operadores de la región: Air-e y Afinia.
El telón de fondo: intervención, deuda y desconfianza
El contexto llega cargado de urgencia. Air-e, la empresa que atiende a Magdalena, Atlántico y La Guajira, se encuentra bajo medida de intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos desde finales de 2023, tras detectarse un deterioro patrimonial crítico y un pasivo que supera los 2,5 billones de pesos. Afinia, filial del Grupo EPM que opera en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y parte de Antioquia, aunque no está intervenida, arrastra una deuda neta que roza los 1,8 billones de pesos y ha advertido repetidamente sobre su capacidad de seguir invirtiendo en redes sin una senda tarifaria clara.
Ambas compañías comparten un origen común: nacieron en 2020 tras la salida de Electricaribe, en un proceso de adjudicación que el propio Gobierno ha calificado de «precipitado» y que dejó a los nuevos operadores con redes obsoletas, pérdidas técnicas y no técnicas superiores al 30 % y una base de clientes con baja capacidad de pago. Cuatro años después, la promesa de modernización choca con la realidad de apagones prolongados, facturación errática y una cartera morosa que asfixia el flujo de caja.
La nueva regla del 110 %: alivio focalizado o parche temporal
En la víspera de la audiencia, el Ministerio de Minas y Energía expidió una resolución que modifica el esquema de facturación para los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3. La norma establece que quienes superen el 110 % de su meta de consumo individual —calculada sobre su histórico promedio— pagarán un recargo únicamente sobre los kilovatios-hora excedentes, y no sobre la totalidad del consumo como ocurría anteriormente.
La medida, que empieza a regir en el ciclo de facturación de noviembre, busca corregir el efecto punitivo que tenía la fórmula anterior, castigando con tarifa plena a familias que, por olas de calor o fallas en los medidores, superaban levemente su línea base. Según cálculos preliminares de la cartera, cerca de 1,2 millones de usuarios del Caribe verían una reducción promedio del 8 % en su factura mensual. Sin embargo, voceros de ligas de usuarios y de la bancada costeña en el Congreso advierten que la medida no ataca la estructura de costos de la tarifa —cargo por confiabilidad, cargo por uso de redes, comercialización y pérdidas— que explica el 70 % del valor final.
Lo que el Senado exige: hoja de ruta, recursos y gobernanza
El pliego de peticiones que la Comisión Quinta pondrá sobre la mesa de la ministra María Nohemí Arboleda y del director de la CREG tiene tres ejes centrales. Primero, un plan de inversión vinculante y auditado para los próximos 24 meses, que detalle cómo se reducirán las pérdidas técnicas (renovación de redes, medición inteligente) y no técnicas (normalización de conexiones informales), con metas trimestrales de ejecución presupuestal.
Segundo, definir el esquema de capitalización de Air-e. La intervención de la Superintendencia tiene carácter temporal y la ley exige que, en un plazo máximo de 18 meses, la empresa sea devuelta a sus accionistas —hoy en manos de un fideicomiso—, liquidada o vendida a un tercero. El Congreso pide al Gobierno que presente, antes de diciembre, el modelo de valoración de activos y pasivos que permitiría una eventual enajenación sin que el costo recaiga en la tarifa.
Tercero, una revisión estructural de la fórmula tarifaria de la Costa. La CREG debe explicar por qué el cargo por confiabilidad —que remunera a generadores térmicos para garantizar firmeza— sigue indexado a la bolsa nacional de energía, encareciendo la tarifa en una región que, paradójicamente, tiene excedentes de generación solar y eólica no despachados por limitaciones de transmisión.
El factor político: la unidad costeña y el reloj electoral
La audiencia revela una rara alineación política. Senadores y representantes de Pacto Histórico, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Liberal y la U han firmado una proposición conjunta para que el Gobierno declare la «emergencia tarifaria caribe», figura que facultaría al Ejecutivo a expedir decretos con fuerza de ley para reestructurar deudas, inyectar recursos del Presupuesto General de la Nación y reasignar obligaciones de los contratos de confiabilidad.
El senador Torres Villalba, anfitrión de la jornada, advirtió que «el Caribe no aguanta más diagnósticos; necesitamos cheques y cronogramas». La presión se intensifica de cara a las elecciones regionales de 2027: gobernadores y alcaldes de la costa Atlántica han advertido que, sin una señal clara antes de fin de año, la conflictividad social —ya expresada en bloqueos de vías y toma de oficinas comerciales— escalará a niveles inmanejables.
Panorama futuro: entre la reestructura y el riesgo sistémico
Los expertos consultados coinciden en que la salida no es única ni indolora. Una opción es la creación de un vehículo patrimonial («bad bank» energético) que absorba la deuda histórica de Air-e y Afinia, saneada con recursos de la nación y con cargo a los excedentes de la cuenta de estabilización de precios de los combustibles (FEPC). Otra, más ortodoxa, apuesta por una renegociación contractual con los acreedores bancarios y bonistas, respaldada por garantías soberanas, a cambio de planes de inversión auditados por un veedor independiente.
Lo que nadie discute es que el statu quo es insostenible. El déficit de caja combinado de los dos operadores supera los 300.000 millones de pesos mensuales, lo que significa que, sin inyección fresca, el mantenimiento de redes se detendrá y la calidad del servicio colapsará antes del primer semestre de 2025. La audiencia de Barranquilla no resuelve el problema, pero obliga a poner las cartas sobre la mesa. El país —y sobre todo el Caribe— espera que, esta vez, las fichas se muevan del tablero del diagnóstico al de la ejecución.
