Desarticulada la célula encargada del atentado terrorista de abril
En un operativo simultáneo que involucró cuatro allanamientos en zonas urbanas y rurales de Cali y Jamundí, la Fuerza Pública logró la captura de tres personas señaladas de ser los autores materiales e intelectuales del atentado con bus bomba perpetrado el pasado 18 de abril frente a las instalaciones del Batallón de Ingenieros Pichincha, en el sur de la capital del Valle del Cauca. La operación, desarrollada en las últimas horas por unidades élite del Gaula Militar, el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional, representa el golpe más contundente contra la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las FARC en lo que va del año.
Según informaron fuentes oficiales, entre los detenidos se encuentra un adulto identificado con el alias ‘El Médico’, señalado como el coordinador logístico de la acción terrorista, y un menor de 17 años que habría conducido el vehículo cargado con explosivos hasta el perímetro de la unidad militar. La tercera captura corresponde a una mujer, presunta integrante de la red de apoyo ‘Los Hermanos’, encargada del almacenamiento de los artefactos y la inteligencia previa al ataque.
Seis meses de investigación técnica y seguimiento satelital
El esclarecimiento del hecho no fue inmediato. Casi seis meses de labores de inteligencia militar, interceptaciones legales y análisis de videos de cámaras de seguridad permitieron reconstruir la ruta del bus tipo colectivo que fue hurtado días antes en el sector de Siloé y acondicionado con más de 80 kilogramos de anfo y metralla. El vehículo estalló a las 5:45 de la mañana, justo cuando la tropa realizaba el cambio de guardia, dejando un saldo de nueve soldados heridos —dos de gravedad— y daños estructurales en el casino de oficiales y viviendas aledañas.
«La articulación interinstitucional entre el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía General de la Nación fue determinante para individualizar a los responsables», afirmó un alto mando de la Tercera División del Ejército durante la rueda de prensa posterior a las capturas. «Se logró establecer la cadena de mando: la orden partió del frente ‘Dagoberto Ramos’, pero la ejecución logística estuvo a cargo de la comisión ‘Jaime Martínez’ que delinque en el corredor Cali-Jamundí», agregó la fuente.
Modus operandi y escalada en el Valle del Cauca
El atentado contra el Batallón Pichincha marcó una escalada cualitativa en la capacidad de fuego de los grupos armados organizados residuales (GAO-r) en la región. Hasta ese momento, las acciones se centraban en hostigamientos con rifle, tomas a estaciones de policía rurales y extorsiones al comercio. El uso de un vehículo bomba tipo ‘bus’ —similar a los empleados en la década de los 90 y principios de los 2000 por el antiguo Secretariado de las FARC— encendió las alarmas en el Comando Conjunto del Suroccidente.
Los allanamientos, autorizados por un juez de control de garantías de Cali, permitieron la incautación de material de intendencia, equipos de comunicación encriptados, una motocicleta de alto cilindraje usada en el seguimiento al objetivo y documentación clave que vincula a los capturados con otros hechos violentos, entre ellos el asesinato de un líder social en el corregimiento de La Buitrera y el hostigamiento a la estación de policía de Robles (Jamundí) ocurrido en junio pasado.
Proceso judicial y situación del menor de edad
La Fiscalía 15 Especializada contra el Terrorismo imputará a los adultos los delitos de terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y hurto calificado. Para el adolescente, la Fiscalía Delegada para la Infancia y Adolescencia solicitará medida de aseguramiento en centro especializado por los delitos análogos, bajo la figura de responsabilidad penal adolescente.
Las audiencias preliminares se concentrarán en el Complejo Judicial de Palmira por razones de seguridad. La defensa de los capturados ha anunciado que solicitará la nulidad de las interceptaciones telefónicas, argumentando vicios de procedimiento en las solicitudes judiciales, una estrategia jurídica común en estos procesos de alta complejidad.
Panorama de seguridad y desafíos pendientes
Aunque la captura de esta célula representa un alivio táctico para la guarnición de Cali, las autoridades advierten que la estructura ‘Jaime Martínez’ mantiene capacidad operativa en el cañón del río Cauca y la cordillera Occidental. Inteligencia militar estima que quedan al menos 40 hombres en armas en esa columna móvil, dedicados al control de rentas ilegales del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en los municipios de Buenos Aires, Suárez y Morales (Cauca), con proyección hacia el área metropolitana de Cali.
El Ministro de Defensa, en visita reciente a la Tercera Brigada, ordenó reforzar los anillos de seguridad en las 14 unidades militares del Valle del Cauca y acelerar la implementación de sistemas de detección de explosivos vehiculares (VBIED) en los accesos a los cantones. Paralelamente, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle activaron rutas de atención psicosocial para los uniformados heridos y sus familias, mientras la Procuraduría delegada para Derechos Humanos abrió indagación preliminar para verificar el cumplimiento de los protocolos de protección a la fuerza pública.
Reacciones y clamor por justicia
Familiares de los soldados heridos, algunos de los cuales aún llevan esquirlas en el cuerpo y enfrentan procesos de rehabilitación física y psicológica, celebraron las capturas pero exigieron celeridad judicial y penas ejemplares. «No queremos que esto quede en simples titulares; queremos verdad y reparación integral», manifestó la madre de un cabo segundo que perdió la audición en el oído derecho tras la onda expansiva.
Organizaciones de derechos humanos y veedurías ciudadanas pidieron garantías para el debido proceso, especialmente en el caso del menor reclutado, recordando que el reclutamiento forzado es un crimen de lesa humanidad y que el Estado debe priorizar la desvinculación y reintegración de niños, niñas y adolescentes de los grupos armados. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana reiterando el riesgo de reclutamiento en las comunas 13, 14, 15, 18 y 20 de Cali, zonas de influencia de estas estructuras.
