Antecedentes y contexto histórico
Durante la última década, el departamento de Nariño ha mantenido una situación de violencia de género que, aunque reconocida por autoridades locales, ha persistido sin una reducción significativa. Los registros de la Fiscalía indican que, entre 2015 y 2022, los casos de feminicidio se mantuvieron alrededor de veinte anuales, cifra que, pese a ser alarmante, mostró cierta estabilidad gracias a campañas de sensibilización y a la implementación de rutas de atención integral. Sin embargo, a partir de 2023 se observó un repunte preocupante que ha encendido las alarmas de movimientos sociales y defensores de derechos humanos.
Denuncias recientes y datos alarmantes
En septiembre de 2026, diversas organizaciones de mujeres, entre ellas la Corporación Mujer y Territorio y la Red de Mujeres Afrodescendientes de Nariño, denunciaron un incremento significativo de feminicidios en la región. Según el reporte presentado, solo en los primeros ocho meses del año se contabilizaron veinticuatro casos, lo que representa un aumento del veinte por ciento respecto al mismo periodo de 2025. Las denuncias destacan que la mayoría de los hechos ocurren en zonas rurales donde la presencia institucional es limitada y donde persisten patrones de impunidad y normalización de la violencia contra la mujer.
Las organizaciones señalaron que, además de los números, la brutalidad de los actos ha aumentado: se reportan casos de mutilación, tortura y abandono de cuerpos en vías públicas, lo que indica una escalada en la sazón de la violencia. En sus comunicados, exclamaron contundentemente: ‘A las mujeres nariñenses nos están matando’, frase que se ha convertido en un grito de alerta en marches y concentraciones realizadas en Pasto, Túquerres y Ipiales.
Impacto social y respuestas institucionales
El alza de los feminicidios ha generado una profunda inquietud en la población nariñense. Comunidades indígenas y campesinas han expresado temor por la seguridad de sus hijas y esposas, mientras que en los centros urbanos se ha incrementado la demanda de refugios y líneas de atención psicológica. La Gobernación de Nariño, mediante un comunicado de prensa, acknowledged the gravity of the situation y anunció la creación de una mesa interinstitucional que incluye a la Fiscalía, la Policía Nacional, la Secretaría de Salud y representantes de la sociedad civil para diseñar un plan de acción urgente.
Entre las medidas propuestas destacan la intensificación de patrullajes en zonas de alto riesgo, la ampliación de los Centros de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia (CAIMVV) y la implementación de programas educativos en escuelas para prevenir patrones de machismo desde la infancia. No obstante, los activistas advierten que, sin un compromiso presupuestal sólido y sin sanciones efectivas a los perpetradores, estas iniciativas podrían quedarse en meros anuncios.
Perspectivas y propuestas de futuro
Analistas de derechos humanos sostienen que la solución al fenómeno de los feminicidios en Nariño requiere un enfoque multidimensional que combine justicia, prevención y transformación cultural. Proponen, entre otras acciones, la fortalecimiento de las unidades especializadas de investigación de delitos de género dentro de la Fiscalía, la creación de un observatorio departamental de violencia contra la mujer que publique datos en tiempo real, y la adopción de leyes que contemplen la perspectiva de género en la asignación de recursos públicos.
El panorama futuro dependerá de la capacidad de las autoridades locales y nacionales para traducir las denuncias en políticas concretas y sostenibles. Mientras tanto, el clamor de las mujeres nariñenses sigue resonando: exigen no solo justicia por los casos ya cometidos, sino también un entorno donde sus vidas ya no estén bajo constante amenaza. La sociedad civil, por su parte, se mantiene vigilante y comprometida a seguir exigiendo respuestas hasta que la violencia de género deje de ser una realidad cotidiana en el departamento.
